El director de Migración explicó que el procedimiento se centró en controlar la permanencia de extranjeros en el país, conforme a sus funciones legales y constitucionales.
En La Guajira, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con un contrato de obra para la “Construcción de aulas escolares en diferentes centros educativos del municipio de Albania”.
Al parecer los funcionarios autorizaron un pago superior a los $16.000 millones por la totalidad de los vehículos, lo que representó un incremento superior al 54 % frente a los precios reales del mercado.
Entre los proyectos priorizados se destacan la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, la PTAR, la Planta de Beneficio Animal y el Plan Distrital de Movilidad, entre otros.
