La propuesta, presentada por el representante Juan Loreto Gómez Soto, plantea una modificación al artículo 7 de la Ley 819 de 2003 para establecer por primera vez plazos claros en la entrega del concepto de impacto fiscal.
El nombramiento hace parte de la convocatoria de mérito realizada en el 2021 y responde a la creciente demanda de educación superior de calidad en el departamento.