De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, los 15 municipios de La Guajira, se encuentran en riesgo electoral alto por incidencia de grupos armados ilegales que corresponde al 36 por ciento de los municipios del país.
En el informe se advierte de las posibles alianzas de candidaturas con grupos armados organizados al margen de la ley o vinculados con estos, es una tendencia en la macro región caribe que miembros de los partidos tradicionales generen alianzas con grupos armados organizados al margen de la ley (principalmente estructuras derivadas del paramilitarismo), con fines de financiación y respaldo.
Las alianzas han resultado estrátegicas para posibilitar la continuidad de algunos sectores políticos en cargos de poder, situación que ha viabilizado en algunos casos el impulso de redes clientelares que favorecen los interes de ciertos grupos empresariales, el acaparamiento de tierras y apoyo a estructuras de narcotráfico en la preservación de rutas de distribución y comercialización de estupefacientes que se articulan por los diferentes corredores de salida hacia los puertos marítimos. (Santa Marta, Cartagena y Barranquilla) y puertos naturales en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba.
Otro escenario tiene que ver con el costreñimiento al sufragante, debido entre otros factores a la presencia de grupos armados post-desmovilización AGC, Aguilas Negras, Pachencas (también identificados como autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada), caparrapos; de grupos insurgentes como ELN y de grupos delincuenciales organizados como Los Costeños, Las Rondas, Los Zona, entre otros, representa un riesgo al ejercicio del derecho al voto de la población civil, toda vez que en virtud de las alianzas estratégicas con sectores políticos y de poder , distribuyen panfletos y convocan a reuniones en las que imponen la elección de voto, amenazando con tomar represalias en caso de desobediencia. De esas desobediencias se desencadenan estrategias de favorecimiento y estigmatización de candidatos, corrupción, voto fraudulento, clientelismo y trashumancia electoral.
El tercer escenario es la estigmatización de Defensores de Derechos Humanos, lideres de Juntas de Acción Comunal, lideres ambientales, militantes de Colombia Humana y del partido político Fuerzas Alternativas de Colombia -Farc- se han convertido en foco de amenazas, principalmente difundidas mediante planfletos firmados por las Aguilas Negras y las AGC quienes tras tildarlo de «guerrilleros, izquierdistas, petristas o castrochavistas» los declaran como objetivo militar exigiéndole desalojos. A su vez los grupos armados organizados referidos representan una amenaza sobre los movimientos sociales que aspiran a alguna representatividad en los comicios próximos. Al respecto se han presentado amenazas contra candidatos, lideres sociales y mandatarios locales, a través de mensajes físicos y de texto, correos electrónicos y secuestros express.
En ese sentido, la Defensoria del Pueblo advierte que pueden presentarse situaciones como variaciones atípicas de la participación electoral, escenarios de violencia política, corrupción, fraude, clientelismo, dificultad a acceso de puesto de votación, e inestabilidad institucional. Se menciona también la posibilidad que se puedan presentar alteraciones al orden público debido a inconformidades de los participantes en la contienda electoral.
