El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) de la misión de Recursos Estratégicos y Energía, un paso clave para avanzar en una iniciativa que contribuirá a diversificar las fuentes de suministro de gas natural del país.
La decisión permitirá coordinar, desde la Vicepresidencia de la República, a las entidades que deben concurrir para sacar adelante su rehabilitación.
Inaugurado en 2007, el gasoducto tiene 225 kilómetros de longitud: 88 en Colombia y 137 en Venezuela, y conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo. Su recuperación permitiría incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte para su distribución en el país.
La recuperación del Antonio Ricaurte forma parte del Renacer de Ecopetrol por su aporte a la seguridad energética. El proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana.
El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final. La importación por gasoducto desde Venezuela permitiría prescindir de esas etapas y de sus costos asociados.
Además, esta alternativa contribuiría a reducir el riesgo de desabastecimiento a mediano y largo plazo al sumar una fuente adicional de suministro por gasoducto a la producción nacional y a las importaciones de GNL.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de gas de América Latina. El gasoducto tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a cerca de la mitad del consumo diario nacional. En una primera fase se prevé importar 50 millones de pies cúbicos diarios, aproximadamente el 5% de ese consumo.
Tras más de diez años de inactividad, Ecopetrol y el Gobierno Nacional impulsan la recuperación del gasoducto. En los últimos años, los anuncios de cooperación energética con Venezuela no se tradujeron en inversiones en la infraestructura, y el gasoducto continuó deteriorándose sin beneficio para los hogares colombianos. Con su inclusión como PINE, el objetivo es pasar de los anuncios a la ejecución.
El proyecto se desarrollará en estricto cumplimiento de la legislación colombiana y de los regímenes de sanciones aplicables. La entrada en operación estará condicionada a la rehabilitación de la infraestructura y a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cada etapa del proyecto se adelantará conforme a las autorizaciones que se requieran.
