En la ciudad de Cúcuta fue asesinado el reconocido periodista Cristhian Herrera, miembro de la Red de Corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa, y de su junta directiva.
El periodista fue asesinado cuando llegaba junto con su familia a una vivienda en el barrio Quintal Oriental.
Las primeras versiones indican que el comunicador fue atacado por un hombre que se desplazaba en motocicleta quien le disparó en repetidas ocasiones.
El comunicador había denunciado amenazas contra su vida, además alertó que en la ciudad de Cúcuta se tenía información de que este año sería asesinado un periodista. Se desempeñó por varios años como director de Quiubo, y laboró varios años en el diario La Opinión.
En su trabajo como periodista cubriendo Judiciales, obtuvo varios premios como el de Colprensa en el año 2013, regional La Bagatela 2016, premio nacional Semana 2016 y premio Orlando Sierra en en el 2020.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó que «hoy el periodismo está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristhian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia».
Este medio de comunicación lamenta profundamente el asesinato de Cristhian, un gran ser humano, respetuoso, amable, y un enamorado de su trabajo, y exige a las autoridades la captura de los responsables de este crimen.
Defensoria del Pueblo
En tanto, la Defensoría del Pueblo, indicó que les indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresan su solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la cual era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva.
Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado.
La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato.
No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad.
Su asesinato se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el mes pasado en Briceño, Antioquia. En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.
Estos hechos evidencian las graves condiciones de riesgo en las que ejercen su labor las y los periodistas en distintas regiones del país, especialmente quienes cubren conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado. Informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades.
Frente a estos hechos, solicitamos con urgencia, a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en la investigación, identificar y judicializar a los responsables y establecer los móviles del hecho. La investigación debe priorizar el análisis de los temas que cubría, los riesgos que enfrentaba y el contexto de violencia en Norte de Santander y el Catatumbo.
El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida.
Mantendremos el seguimiento a las actuaciones de las autoridades y reiteramos que el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por ejercer el periodismo.
