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Una I.P.S.I intentó salvar de la muerte a un menor wayuu de 21 meses.

Los padres y autoridades tradicionales son corresponsables.

Por: Betty Martínez Fajardo.

Un menor wayuu de 21 meses murió. Su caso fue alertado por la I.P.S.I. Outtaajiapulee «Unidos por la salud de nuestras comunidades», porque sus familiares por linea paterna se opusieron a su traslado a un centro de mayor complejidad para recibir atención especializada.

El niño, presentaba un alto riesgo de mortalidad, vivía en la comunidad de Katatulemana vía Poportín en Uribia, allí fue atendido en reiteradas oportunidades por la I.P.S.I. Outtaajiapulee.

La situación es bastante compleja, y requiere de un análisis reposado y sincero pues se trata de salvar la vida de los menores, como bien lo indicaron los magistrados de la Corte Constitucional, en la sentencia T 302 de 2017, cuando advirtió que las autoridades tradicionales indígenas son corresponsables del manejo de la situación de los niños.

El antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo, considera que es necesario trabajar de la mano de las autoridades indígenas en el sentido de la corresponsabilidad que ellos tienen sobre ese tipo de situaciones, pues es necesario que se involucren en esas decisiones porque son sujetos activos y no seres pasivos.

Agregó, que es necesario contar también con el apoyo de los lideres para que ayuden en ese proceso al lado de las autoridades municipales, del gobierno departamental y del nacional.

La historia

En una comunicación a las autoridades de Salud de La Guajira, al municipio de Uribia y al gerente especial, Luís Gómez Pimienta, la I.P.S.I. OUTTAJIAPULEE “Unidos por la salud de nuestras comunidades”, alertaron sobre la situación y adviertieron que el menor de 21 meses, presentaba un cuadro de desnutrición aguda severa tipo marasmo con complicaciones con un alto riesgo de mortalidad por desnutrición, quien requería ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

El menor fue valorado por personal medico de los equipos extramurales de la I.P.S.I. OUTTAJIAPULEE,  en varias oportunidades quienes de manera reiterada advertíeron a sus familiares la necesidad de un manejo medico nutricional intrahospitalario y la urgencia de traslado a un centro de mayor complejidad.

En la comunicación se indicó, que el niño de 21 meses de nacido fue atendido en su comunidad de acuerdo con usos y costumbres con administración de medicina tradicional.

Indican, que en muchas ocasiones les fue ocultada información de ubicación del menor cuando lo trasladaban a otros lugares, imposibilitando por lo menos la observación por parte de los profesionales de la institución.

Expresaron, que realizaron todos los esfuerzos para el traslado del niño a un centro de mayor complejidad sin éxito alguno.

“Fue valorado por Médico especialista en Pediatría quien acudió a dicha comunidad en acompañamiento de nuestro equipo médico asistencial y del área de Gestión Étnica, encontrando a menor en un deterioro general de sus condiciones de salud, reiterando diagnóstico nutricional descritos anteriormente y además datos de sepsis por signos clínicos observados al examen físico + anemia severa con reporte de hemoglobina capilar de 4.1 g/dl + EDA con algún grado de deshidratación + alto riesgo de mortalidad + maltrato infantil + alto riesgo social , por lo cual se realizó una vez más estudio de caso con equipo interdisciplinario de nuestra IPSI quienes consideramos que no se puede seguir dilatando en el tiempo el manejo urgente intrahospitalario que requiere el menor por sus condiciones clínicas, recordando que se están vulnerando el derecho a la vida , a la salud y su integridad”, se indicó en la comunicación.

La I.P.S.I. reiteró que les fue imposible el traslado del menor para que recibiera atención médica especializada, razón por la cual se reiteró el llamado a las autoridades de salud para que intervinieran en la búsqueda del menor de manera inmediata para garantizarle y protegerle sus derechos vulnerados por sus propios familiares.

Temores

Para el economista y veedor de la Sentencia T 302 de 2017, Cesar Arismendy, se entiende que existe ciertos temores de las familias wayuu cuando las autoridades de salud llegan en busca de los menores enfermos que deben ser trasladados a centros asistenciales.

Expresó, que por lo general cuando un menor requiere ser enviado a un centro asistencial en la comunidad se quedan otros niños por los que responde por lo general  la mamá.

“Es siempre la racionalidad entre salvar a uno y que se mueran los demás, y eso incide en la toma de decisión”, dijo.

Agregó, que lo recomendable es que previendo ese tipo de situaciones las instituciones que se encargan del proceso de nutrición tengan en cuenta el contexto, o las realidades al interior de las comunidades indígenas, no solamente garantizar la manutención para las personas que se quedan sino también para las que se trasladan a los centros asistenciales que llevan a sus menores a recibir atención especializada.

En ese sentido, el antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo, dijo que cuando se dejan los niños en las comunidades, y la vida de unos que usualmente se mueren, al cabo del tiempo cuando les ha pasado eso, se vuelven escéptico y reticente a que otro niño salga porque casi que tienen claro que se les va a morir, y que los otros que quedan en la casa siguen en riesgo vulnerable a otras situaciones, aunque no sean de salud porque quedan solos.

“Entonces eso ha creado un temor y una negativa a salir, el hecho de que haya casos no exitosos en donde la salida no ha salvado la vida, pero ha puesto en riesgo la de los que se quedaron”, preciso.

Explicó, que más allá de esa situación, padres y madres tienen roles y responsabilidades distintos en el tema de la niñez wayuu, por lo que es muy claro conocer el parentesco wayuu, es decir los padres no pueden ser vistos individualmente sino como un conjunto social bien sea de la parte paterna o materna.

“No se involucra solamente al padre biológico, involucra a los parientes uterinos del padre biológico incluidas sus hermanas, porque, así como también cobran derecho por matrimonio, cuando se casan que tienen los derechos a las heridas, también tienen corresponsabilidades en este proceso”, expresó.

Manifestó, que es hora de que las autoridades tradicionales indígenas se involucren en un pacto y un compromiso que no solo es para exigir al Estado sino de ellos para cumplir con esa orden de la sentencia que es para todos y no solo para el sector público.

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