La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresa su preocupación por la situación de orden público por el paro armado de 48 horas decretado por las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, en Magdalena, Cesar y la Guajira, en Magdalena, Cesar y La Guajira.
En medio de las restricciones ordenadas por el Grupo armado ilegal, periodistas han denunciado que han sido víctimas de intimidaciones y se han visto obligados a limitar el cubrimiento de la situación.
Entre los hechos que evidencian este riesgo para la prensa, la FLIP rechaza la grave amenaza recibida el 22 de septiembre por un corresponsal de Caracol televisión y Blu radio mientras cubría los efectos del paro armado en las inmediaciones de la troncal del Caribe.
De acuerdo con la información documentada, una persona se acercó al periodista y le advirtió que iba a “morir por la boca” y que la próxima “venían por él”, entregándole una cruz y pétalos de flores. El periodista ha realizado durante las últimos meses descubrimientos relacionados con este grupo armado, y fue acusado por su agresor de difundir noticias falsas al “hablar mal de alias Naín” (o bendito menor) abatido recientemente por las fuerzas militares y le advirtió que no volviera a hablar de los a ACSN.
A este caso se suman otras denuncias de periodistas que han reportado la circulación de panfletos firmados por las ACSN, que incluyen llamados al cierre del comercio, invitación a movilizarse y unirse al paro armado, como lo anuncia la especial urbana, sin embargo, aún no es posible determinar la autenticidad de las advertencias. Esto sumado a la presencia e intimidación de las autodefensas hacia la ciudadanía que ha agudizado el ambiente de zozobra y autocensura en tres departamentos.
En este contexto, la prensa local ha suspendido su movilización en las ciudades y zonas rurales y el cubrimiento de temas relacionados con la violencia, el grupo armado y las necesidades que puedan tener la población. Este silenciamiento restringe la circulación oportuna de información y afecta el derecho de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en sus regiones.
Ante la gravedad de la situación y los riesgos que enfrentan las y los periodistas, es fundamental que el Estado adopte una respuesta articulada y acorde con la dimensión del paro armado. Las autoridades nacionales, departamentales y locales deben coordinar sus actuaciones para garantizar la seguridad de la población y de la prensa, y mantener un flujo constante, oportuno y verificable de información oficial que permita esclarecer el alcance de las restricciones, confirmar o desmentir los mensajes que circulan y contener la desinformación que hoy aumenta la incertidumbre en los territorios afectados.
Esta articulación debe extenderse también a la prevención y atención de las agresiones contra periodistas. La Policía nacional, la Defensoría del Pueblo, las gobernaciones, las alcaldías y las demás entidades competentes deben contar con canales de coordinación que permitan reaccionar de manera inmediata frente a amenazas relacionadas con el cubrimiento del paro armado, como lo que recientemente recibió el corresponsal de Caracol televisión y Blu Radio. Garantizar su vida e integridad e investigar oportunamente estos hechos y generar condiciones para que la prensa pueda continuar informando son obligaciones indispensables en un contexto en que el acceso directo a la información ya se encuentra severamente afectado por las restricciones de movilidad y los riesgos de seguridad.
