La Contraloría de Bogotá, como resultado de una indagación preliminar, abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira.
La entidad evidenció que el proyecto no avanzó conforme a lo previsto y que, pese a la ejecución de recursos, no se lograron resultados acordes con lo planeado.
A marzo de 2022, el avance era del 29,6 %, por debajo del 33,7 % esperado, lo que refleja que las obras no progresaron al ritmo programado. Igualmente, se identificaron retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución del proyecto y generaron mayores costos.
El proyecto fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023, sin haber entrado en operación. Para ese momento, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas y no se encontraban instalados los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento.
Para la fecha de los hechos analizados, los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del proyecto Windpeshi, es decir, no se había materializado la finalidad prevista con la inversión efectuada.
En este contexto, la Contraloría de Bogotá evidenció una presunta afectación a recursos públicos distritales, debido a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P. Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el organismo de control busca determinar los elementos de dicha responsabilidad e identificar a quienes intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones del proyecto.
“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”, señaló el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
