Por: Betty Martínez Fajardo
Han pasado treinta años desde 1996 cuando la alcaldía de Riohacha contrató el estudio del plan maestro de alcantarillado sanitario cuya recomendación fue la construcción de un sistema de lagunas de estabilización.
En el 2001 la gobernación de La Guajira firmó un contrato con la firma Unión Temporal CV-ICG Ltda por valor de $ 2.119.889.561, para la construcción de obras para el plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales y emisario final.
A partir de ese momento empezó el viacrucis, la obra fue suspendida en diferentes oportunidades y por diversas circunstancias.
Los años fueron pasando y la ciudad fue creciendo sin una solución para el tratamiento de las aguas residuales, razón para que, desde el actual gobierno departamental a través de la empresa de Servicios Públicos, se haya planteado la construcción de una planta de tratamiento.
A partir de ese momento se han realizado una serie de gestiones con el firme propósito que la capital de La Guajira supere esa dificultad.
Se manejan dos alternativas la construcción de una planta de tratamiento, que se impulsa desde la administración Distrital y un emisario submarino desde El Distrito.
La Ptar
Atendiendo la solicitud de la propia comunidad, desde la empresa de Servicios Públicos, su gerente Andreina García, realizó una serie de gestiones para avanzar en la construcción de la planta de tratamiento, iniciando por apropiar unos recursos para garantizar la compra de un predio.
En una comunicación enviada por la funcionaria a la comunidad de Arroyo Guerrero, dejó claro de manera precisa que el proyecto PTAR Riohacha se encuentra actualmente en fase de planeación, estudios y diseños sin que a la fecha se haya iniciado ejecución de obra, intervención física en territorio, adquisición predial, ni expedición de acto administrativo que adopte localización definitiva o autorice su construcción.
En relación con el trámite ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad Territorio, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica, con observaciones en proceso de ajuste por parte del consultor, sin que exista a la fecha pronunciamiento definitivo o cierre del proceso de viabilización.
En materia ambiental, se precisa que el proyecto no se encuentra en fase de licenciamiento ambiental y que uno de los instrumentos fundamentales para su viabilidad, como lo es el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se encuentra pendiente de actualización, radicación y aprobación ante la autoridad ambiental competente, por lo cual no se cuenta aún con dicho requisito habilitante.
Respecto a la posible afectación a comunidades étnicas, se informa que, conforme a certificación expedida por la Secretaria de Planeación Distrital en febrero de 2025, el proyecto no registraba afectación a comunidades indígenas en el área inicialmente definida.
No obstante, en atención a manifestaciones posteriores, las entidades competentes se encuentran en proceso de verificación y eventual actualización de la información relacionada con la identificación de comunidades concernidas.
En ese sentido, se reitera que la determinación de procedencia y desarrollo de la consulta previa corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior.
A la fecha, si bien existen actuaciones administrativas relacionadas con la materia, no se ha notificado cronograma ni convocatoria formal para el desarrollo de nuevas etapas, por lo que cualquier actuación futura dependerá de las decisiones de dicha autoridad.
En relación con las situaciones de riesgo expuestas, se indica que estas han sido puestas en conocimiento de las entidades competentes, como la Unidad Nacional de Protección, la cual ha señalado la necesidad de surtir los procedimientos establecidos para la evaluación de las solicitudes presentadas, conforme a la normativa vigente.
Frente a las solicitudes de información elevadas por las comunidades, se reitera el compromiso institucional con la transparencia y el acceso a la información pública, indicando que se adelantan las verificaciones correspondientes con el fin de garantizar respuestas de fondo dentro de los términos legales.
Finalmente, se reitera que el proyecto no se encuentra en etapa de ejecución ni en condición de irreversibilidad, y que cualquier decisión futura estará sujeta al cumplimiento integral de los requisitos técnicos, ambientales, y sociales e institucionales, así como a la garantía efectiva de los derechos de participación que resulten aplicables.
Estas respuestas indican entonces que existe la necesidad urgente de seguir trabajando el tema para superar las dificultades donde participe la administración Distrital, el gobierno departamental, la empresa de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entendiendo que es una obra costosa y urgente para el desarrollo social y económico de la ciudad de Riohacha.
