Por Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
Los llamados “peajes” en los territorios ancestrales wayuu se originan en los procesos de adaptación sociocultural relacionados con el ejercicio de la autonomía, control territorial y gestión de ingresos que se desarrolla desde la unidad familiar, como resultado del surgimiento de actividades económicas que durante su periodo de crecimiento o bonanzas usan el territorio ancestral.
Las percepciones desde la mendicidad, deja de lado un rico proceso de apropiación social para la gestión y control territorial que es externo. Igualmente, es una forma de gestión de ingresos que muestra la necesidad de incluirlos como actores de primera linea y no como beneficiarios de actividades económicas relevantes que se soportan en su territorio.
Las bonazas que se han presentado en La Guajira (contrabando, sal, talco, yeso, marihuana, gas, carbón, gasolina, el turismo y energías renovables) se han convertido en los más importantes factores de su expansión de acuerdo con la incidencia de estas actividades en lo local, resaltando la manifestación de la crisis por la que pasa el sistema productivo tradicional de los wayuu y de los procesos de transculturación y aculturación que se vive al interior de la sociedad.
Por lo que visibiliza en las redes sociales se asume como un proceso colectivo de mendicidad en las que se ven involucrados niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos. El análisis de esta realidad económica y social se ha simplificado a partir de ella, percibiéndose como obstáculo para el despegue definitivo de las actividades del turismo étnico y cultural, cuando se necesita desarrollar competitivamente y diversificar productivamente a La Guajira, ya que la mina del Cerrejón se cerrará en el 2032. Asumir esta realidad solamente desde la mendicidad, es una forma de estigmatizar y de revictimizar a las comunidades que son excluidas de las cadenas productivas que generan y acumulan ganancias desde sus territorios.
Por estar concentrados en los corredores viales en donde se realiza las actividades de eco, etnoturismo y turismo de aventuras, la problemática se ha vuelto relevante, por la incidencia que tiene en el sector, ya que se prospecta como uno de los ejes de sostenibilidad de los procesos de diversificación productiva de La Guajira, cuando la producción de carbón no esté.
Por el contrario, esta problemática se presenta como multidimensional dado que existen distintas percepciones y formas de abordarla entre ellas: la relacionada con la venta de un servicio, control territorial, crisis de gobernanza del territorio, la fiscal, actividad lúdica, trabajo infantil, trabajo familiar, solidaridad y altruismo de los turistas, la mirada de la compasión, mendicidad, seguridad y orden público, igualmente, como un obstáculo a la libre locomoción y movilización en los territorios ancestrales.
Esta problemática, no se puede ver como aislada. todo lo contrario, se encuentra ligada a lo que la Corte Constitucional reconoció en La Guajira como el estado de cosas inconstitucional, por la permanente y estructural violación de los derechos fundamentales.
Es indudable que en los “peajes” se encuentran involucrados los niños, más que las niñas que teniendo en cuenta el turno y por el tiempo que allí se invierte, se consolida como un espacio de juego, evidenciando con ello las existencia de una crisis en la manera en que los wayuu introducen a los niños en el trabajo del hogar, especialmente, en torno del pastoreo, la caza, la limpieza de la zona influencia inmediata, de los corrales y la búsqueda de agua, todo ello tiene que ver con la transculturación y aculturación.
Las acciones que se promueven como reacción a las condiciones sociales y económicas de los hogares de donde proceden los niños, niñas, mujeres en estado de gestación y los ancianos, deben ir mucho allá de las provisiones casuales que dejan los viajeros en los diferentes puntos de las trochas de la Alta y Media Guajira, conocidos como “peajes” wayuu, por lo que se requieren acciones integrales, por lo tanto, es importante que se determinen programas concretos para este grupo poblacional en el marco de la implementación del plan de acción provisional, con metas específicas.
La intervención integral debe llevarse a cabo ampliando la cobertura de los subsidios condicionados a esta población y con servicios educativos completos (incluyendo el PAE) que permita retener a los niños en el sistema educativo compatible con la ampliación de las unidades de atención comunitaria a la niñez – Ucas por parte del ICBF. Los grupos familiares de estos peajes deben ser focalizados en la renta única de $ 500 mil que el gobierno nacional le transferirá a las cabezas de hogares wayuu y que después se vincularán al programa ordinaria de renta ciudadana. El acceso al agua para consumo humano, animal y huertas, inclusión formal en la cadena de turismo a partir de propiciar puntos específicos para mostrar, comprar artesanías y alimentos del mar, como camarón y langostas.
Adicionalmente, desarrollar programas de deportes al interior de los territorios ancestrales que permita usar el tiempo libre en actividades saludables y de bajo riesgo. Paralelo a estas acciones deben se debe propiciar el establecimiento de un manual intercultural o reglamento de convivencia intercultural de los alíjunas entre los wayuu en sus territorios ancestrales, en donde se determinen elementos que permitan una relación armónica con las comunidades.
Guerra (2021) señala que los reglamentos han incidido en una política de reconocimiento del otro y, a la vez, conllevan una reveladora familiarización de estos con la normatividad internacional y nacional que protege a estas agrupaciones humanas y que, en conjunto, son el fundamento del fuero indígena colombiano. Los reglamentos forman parte de su política en materia de derechos humanos y han incidido en la concreción de programas específicos de políticas del buen vecino dirigidas a las comunidades indígenas.
Señala que en el futuro inmediato ellos estimulan la adopción de principios inclusivos en materia de oportunidades preferenciales de empleo para la población indígena basándose en un sistema de cuotas afines al multiculturalismo liberal. La constante actualización y ajuste de los reglamentos de convivencia intercultural se considera indispensable para mantener su vigencia y su efectividad, dados los previsibles cambios normativos que pueden producirse.
