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Fiscalía General asumió investigación sobre nuevo operador del acueducto de Riohacha

La Fiscalía General de la Nación, asumió la investigación del proceso de licitación donde la administración Distrital de Riohacha, adjudicó a la empresa Aqualia la operación del sistema de acueducto y alcantarillado, atendiendo así una solicitud del presidente Gustavo Petro, cuando en respuesta a la Procuradora General, Margarita Cabello, le informó que no nombraría alcalde encargada por la suspensión provisional de tres meses al titular José Ramiro Bermúdez Cotes.

Esa situación, fue el fundamento para el arribo a la alcaldía de Riohacha de una Comisión Anticorrupción de La Fiscalía, a quienes le entregaron toda la documentación que surtió el proceso de licitación.

Los funcionarios llegaron de civil, y permanecieron por dos días en la ciudad de Riohacha, investigando sobre los pasos que se dieron en el proceso licitatorio.

Sobre ese tema, cabe recordar que la Procuraduría General, sancionó de manera provisional por tres meses al alcalde José Ramiro Bermúdez, por presuntas irregularidades en la contratación  del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

En la misma decisión, el órgano de control abrió investigación contra el secretario de Infraestructura y servicios Públicos Keider Freyle Sarmiento; los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como el tesorero del municipio, Edén Elí Moscote Roys. 

De acuerdo al ente de control, la entidad territorial inició el proceso de contratación sin tener información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes que se iban a intervenir durante la ejecución de las obras.

Igualmente, no detalló los trabajos que se realizarían con su debida programación, ni se efectuó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, donde está ubicada la población más vulnerable del municipio. 

El proceso contractual aparentemente no incluyó las condiciones necesarias para permitir el acceso al servicio de agua de la comunidad wayuu, quienes gozan de una especial protección constitucional y judicial en el país. 

El órgano de control señalo que la matriz de riesgos al parecer no fue publicada desde el inicio, lo que ocasionó que los interesados no tuvieran el mismo tiempo que se otorgó para hacer observaciones al pliego de condiciones definitivo, razón por la cual, al parecer, habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación estatal. 

La Administración

Sobre el tema, el alcalde titular José Ramiro Bermúdez, en su momento aseguró que de manera oportuna subsanaron los requerimientos del ente control.

Sin embargo, para la Procuraduría General, la administración no cumplió con sus alertas, razón por la cual Bermúdez Cotes, fue suspendido provisionalmente por tres meses que cumplió el pasado 27 de julio de este 2023, reasumiendo sus funciones lo que coincidió con la decisión del presidente Gustavo Petro, de no nombrar alcalde encargado fundamentado en un control ex officio de convencionalidad en el estricto ámbito de las competencias del presidente de la República.

El mandatario de los colombianos, explicó que el control ex officio de convencionalidad, resulta absolutamente procedente dado que del requerimiento de la autoridad disciplinaria surgen elementos facticos que impactan sustancialmente los compromisos y obligaciones internacionales adquiridos por el Estado Colombiano en la convención ADH, y adicionalmente en los deberes funcionales que le asisten al presidente de la República para garantizar de manera eficaz el derecho humano contenido en el articulo 23 de la convención ADH y ratificado en los estándares convencionales de los fallos de la corte Internacional de Derechos Humanos.

Al tiempo que se generó una controversía por la decisión del presidente Gustavo Petro, la Procuradoría General prorrogó por tres meses más la suspensión provisional al alcalde José Ramiro Bermúdez, quien acató la decisión, razón por la cual el secretario de gobierno, Leandro Mejía, nuevamente asumió las funciones del alcalde.

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