Los proyectos se ejecutan en los municipios accionados por la sentencia T 302 de 2017.
En un mapa la empresa de Servicios Públicos de La Guajira, muestra los avances de la ejecución de 17 proyectos en los cuatro municipios accionados por la Corte Constitucional según se ordena en la sentencia T 302 de 2017 para garantizar el acceso al agua potable, salud y seguridad alimentaria de las familias wayuu de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.
Los proyectos beneficiarán a 117 mil habitantes entre ellos a 83.500 niños y niñas wayuu.
En el corregimiento de Siapana, la obra lleva un avance del 22,81%, en Panchomana 30,25%; Bahía Hondita 21.61%; Flor de La Guajira 72,12%; Punta Espada 74,90%; Puerto Estrella 60,81%; Poropo 3,42; Guayabal 4,4%; Puerto Virgen 3,32% y Zona Industrial 12,05%.
En la comunidad de Sichichon la obra llevan un 63,50; La Gloria 60,18%; Riritana 60,12%; Romonero 97%; Módulo del Río 2%.
Por iniciar se encuentran las obras del corregimiento de Manzana y Paraver.
La gerente de la empresa de Servicios Públicos, Andreina Garcia, explicó que las obras que se ejecutan corresponden al cumplimiento de la sentencia T 302 de 2017, atendiendo así lo ordenado por los magistrados de la Corte Constitucional.
Agregó, que los magistrados podrán evidenciar los avances de las obras, en la inspección judicial que se realizará desde el día de hoy y durante cuatro días en los municipios accionados.
Expresó, que de manera permanente se realiza la supervisión a los proyectos que se ejecutan para garantizar que los contratistas cumplan con lo establecido en los contratos, además que se entreguen en el tiempo definido.
Puntualizó, que con la entrega de las obras que se vienen ejecutando se garantiza el acceso al agua potable a las familias wayuu de los municipios accionados por la sentencia T 302 de 2017, como un aporte para evitar que los niños y niñas wayuu sigan muriendo por factores asociados a la desnutrición.
Además, que se trabaja en procesos de capacitación para que las propias familias wayuu logren conformar sus propias empresas que les permitan administrar el servicio de agua.
