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Ecos de la visita presidencial al territorio wayuu.

Por: Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017.

Conversatorio con comunidades indígenas de La Guajira sobre el cumplimiento de la sentencia T-302

A cinco años de proferida la Sentencia T-302 del año 2017 sigue siendo La Guajira el departamento donde más niños mueren por desnutrición. Tristemente como reporte testimonial, así se vive, así se sufre, se siente y desgarra el alma a cada madre wayuu cada semana, cada día, cada lluvia, cada luna que pasa, con la muerte de los Tapichí (infantes), en estos territorios de sed y hambre física.

Desde el punto de vista institucional y específicamente desde la dirección de la Defensoría del Pueblo, recientemente, se acaba de reportar, que el 24% de los casos de muerte de menores entre 0 y 5 años en el país se presenta en este departamento.

Así lo señaló, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien mostró su preocupación ante el elevado aumento de muertes de niños por causas asociadas a desnutrición en el territorio guajiro, sin contabilizar, como es bien sabido, los altos subregistro de fallecimientos, que no se reportan por razones de accesibilidad, distancia, patrones culturales, desesperanza, impotencia y en el peor de los casos.

“Los departamentos con el mayor número de muertes de niños y niñas menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición son: La Guajira (48 casos), Chocó (25), Bolívar (14), Cesar (13) y Vichada (9). Estas entidades territoriales concentran el 55% de los casos de mortalidad por desnutrición de niños y niñas menores de 5 años del país”, explicó Camargo, aclarando, que durante los primeros 8 meses del año el número de muertes por desnutrición notificadas presentó un incremento del 92 % en relación con el número notificado para el mismo período de 2021.

A lo anterior, súmele la alta tasa de desempleo en el  departamento, fallas en el sistema de salud y red hospitalaria de La Guajira, problemas de inseguridad, inestabilidad institucional,  colapso en el sistema de transporte de  educación y alimentación escolar,  reclamaciones por reconocimientos de derecho, corrupción, pésima prestación de servicios públicos básicos y altas tarifas, desabastecimientos de agua en zonas urbanas, problemas de movilidad vial,   reclamaciones y paros por  vías de hechos, entre otros casos.

Con este triste panorama para la Guajira, inició el mandato del señor presidente Gustavo Petro, quien programó un recorrido formal por la Península, aterrizando en Uribía, la llamada capital indígena de Colombia, que a nivel estadístico sobre pasa hoy, al municipio de Manaure y Maicao, en casos de fallecimiento de niños wayuu por enfermedades asociadas a la desnutrición.

A nivel comunitario y consultando la percepción de las autoridades tradicionales, líderes y lideresas wayuu, reportan versiones de acercamiento con el pueblo wayuu, “al menos conocen más a profundidad nuestra triste realidad, saben más de nuestras necesidades y así se lo planteó el pueblo y nuestros voceros, señaló Clara Aminta Urariyu, autoridad del sector de Wuimpeshi, asistente a la convocatoria presidencial, en Pesuapá, municipio de Uribía.

“Vimos a un Petro hablando de incumplimiento de la sentencia, de la necesidad de un respaldo presupuestal para cumplir, habló de acercar a los wayuu a Ecopetrol como socios del desarrollo y específicamente se pronunció sobre la necesidad de solucionar de manera urgente, el problema de la escasez de agua potable para los wayuu y eso le da a uno una luz y algo de esperanza” señala la Docente wayuu, Marina Almazo Uriana. Por otro lado, se señaló que “tenemos una visión y esperanza de cambio en el presidente Petro, a nivel de la educación de los wayuu, alimentación, agua y salud para el pueblo “indico Manuel Pushaina.

Antes de esta visita presidencial, Catalina Velasco Campusano, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, había visitado a La Guajira, donde tuvo encuentros con las comunidades y los líderes sociales para reconocer el impacto, los avances, los retos y las necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico.   “Atender de manera especial las necesidades de La Guajira en materia de agua potable y abrir el diálogo social y la construcción colectiva con todas las comunidades, han sido algunas de las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en el departamento”, señalo la ministra.

“Somos conscientes de las necesidades y el sufrimiento que muchas comunidades han padecido por la falta de agua. Por eso, llegamos a escuchar y evidenciar qué está pasando y cómo podemos trabajar de manera articulada para construir juntos”, dijo Velasco Campusano, quien escuchó atentamente a los voceros de esta población.

“La agenda oficial presidencial, contempló la discusión del presupuesto general de la nación del 2023, desde una región tan olvidada y vulnerable   como La Guajira, lo cual refleja la sensibilidad y compromiso del actual gobierno con las zonas extremas”. indició Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia. Sobre ello el presidente señaló que en el corto plazo no hay suficientes recursos para implementar el plan de acción por falta de presupuesto. Esto se hará en la medida en que en el presupuesto del 2023 se disponga de recursos para ello, así como lo nuevos que van a venir por la reforma tributaria.  Adicionó que tiene la voluntad de cumplir la Sentencia, pero   el presupuesto para la implementación está en manos del Congreso.  

“Les pedimos que nos ayuden a corregir y enmendar los errores cometidos hasta hoy por la falta de entendimiento de la cultura wayuu, y para revertir la situación que están viviendo, nuestra intención es trabajar unidos y romper con el espejismo del desconocimiento”, enfatizó, en una de sus alocuciones la nueva Ministra de Vivienda.

Es de conocimiento público, que la Sentencia proferida por la honorable Corte Constitucional en el 2017, se generó por la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez wayuu de La Guajira, causada por fallas estructurales y la desarticulación entre las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno.  Para corregir este amargo contexto, es necesario tomar decisiones sabias, iniciando por rescatar y construir sobre lo que existe, de analizar, corregir y valorar las experiencias pasadas, de entender el territorio y de generar confianza para proteger a la población infantil, disminuyendo así la muerte de niños por desnutrición y sed.

Al final las comunidades quedaron con un optimismo moderado, dado que aún hay muchos temas por resolver en el ámbito presupuestal que encaminen a las instituciones accionadas a darle cumplimiento definitivo al Auto 696 del 18 de julio del 2022 de la Corte Constitucional, que contempla la construcción e implementación de un plan provisional de acción o política pública de corto plazo.

Los avances parecen que se encuentran por el lado del acceso a los servicios de salud. Finamente   el Ministerio de Salud y la Superentendía de Salud, concertaron con los voceros y las comunidades ejecutar la propuesta de conformación de 69 Equipos de Atención Básica en Salud Preventiva permanentes, financiados con recursos del sistema de seguridad social en salud.  Serán más de 1.200 personas entre gestores comunitarios indígenas, enfermeras, médicos generales, pediatras, ginecólogos, nutricionistas, los que buscarán e identificarán a los niños en las rancherías, proceso que puede dar origen a nuevo modelo de atención en aras de la superación del estado de cosa inconstitucional.

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