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Asociación colombiana de minería advierte que decreto de emergencia afecta la seguridad jurídica de las actividades productivas

Decreto legislativo 1085 de 2023, donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros, manifiesta la Asociación Colombiana de Minería.

Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

En un comunicado a la opinión pública, la Asociación colombiana de minería, advierte su preocupación por la expedición del decreto legislativo 1085 de 2023, donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, porque a su parecer los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no fueron debidamente acreditadas en el citado decreto.

Manifiestan que los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica y en especial el 1277 de 2023, son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros.

Además, se incluyen medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial privilegiando unas actividades productivas sobre otras sin ningún criterio técnico,

En el documento mencionan que en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha situación deben estar encaminadas a brindar una solución y no a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del departamento. «Consideramos que esta acción produce inestabilidad, afecta la generación de recursos, empleo y agrava la situación por la que atraviesa el departamento.

Precisan también, que reconocen que las razones detrás de la declaratoria de emergencia son trascendentes, sin embargo no son a causa de las actividades productivas, por consiguiente subrayan que los derechos con fuerza de ley emitidos en este contexto deben estar justificados y relacionados con la crisis en cuestión y no usarlos para transgedir los proyectos y operaciones existentes en el departamento.

Precisan que reiteran el compromiso por una minería responsable ambiental y socialmente, así como la disposición para trabajar conjuntamente con el sector público para implementar soluciones que garanticen el desarrollo sostenible de los guajiros.

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