La expedición del decreto 087 de 2020, que modifica y reorienta de manera temporal la distribución de los recursos de las estampillas Pro Universidad y Pro Desarrollo Fronterizo, firmado por el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, llamó el interés del Procurador Judicial151 Judicial II Administrativo de Riohacha, quien advirtió de la ilegalidad de la decisión.
El funcionario, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo, realizar un control inmediato de legalidad a una serie de medidas generales contenidas en el decreto referenciado.
El decreto 87 de 2020, está fundamentado en los decretos 461 y el 491, expedidos por el Presidente de la República Iván Duque Márquez.
En el decreto 491, por ejemplo el Presidente de la República, adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas y se toman medidas de protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
En el decreto 087, que dio origen a la investigación de la Procuraduría Judicial Administrativa, se dejó claro sus destinaciones específicas pero se amplió para el pago de personal administrativo, plazas docentes, servicios personales y contratos de prestación de servicios, mientras dure la emergencia sanitaria con ocasión del Covid-19.
En el citado decreto se indica que una vez se superen las circunstancias que dieron origen a la creación de la emergencia sanitaria, la distribución de las estampillas Pro-Universidad y Desarrollo Fronterizo quedaran de la misma forma en que fueron establecidas en las ordenanzas respectivas.
El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, dijo que el decreto 087, está soportado legalmente y que su único propósito es que no se paralicen las actividades académicas y que los docentes y personal administrativo puedan soportar el aislamiento.
