El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, a los gobernadores y a los alcaldes de municipios certificados, adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación oportuna de los servicios de alimentación y transporte escolar desde el inicio del año escolar 2020.
A través de la Directiva 017 de 2019, el jefe del Ministerio Público exhortó a alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas para que adelanten las gestiones que se requieran para que el Programa de Alimentación Escolar y el transporte escolar se preste sin interrupciones, y pidió a la cartera de Educación actuar de manera conjunta con las entidades territoriales para evitar retrasos.
Así mismo, pidió a los mandatarios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) destinar los recursos de la participación en educación al pago del transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, y a las asambleas y concejos de las ETC tramitar prioritariamente las solicitudes de vigencias futuras para asegurar los dineros necesarios para la operación de los programas Como resultado de la vigilancia preventiva que adelanta al PAE, el Ministerio Público identificó que existe riesgo de que no se preste oportunamente el servicio desde inicio del calendario escolar, debido al cambio en las administraciones territoriales, lo que, de llegar a ocurrir, afectaría a los niños, las niñas y los adolescentes, que dependen de este programa para acceder a su derecho a la educación. La Procuraduría ha hecho seguimiento a la prestación del PAE en el trascurso del año para evitar suspensiones.
De igual modo, ha requerido a 267 alcaldes para que actualicen el reporte de la ejecución de los recursos en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Recordó la importancia de esta información para la planeación, el seguimiento de sus recursos y en general para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
