La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomó una decisión respecto a la situación en La Guajira, particularmente con los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu. La magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, en ponencia destacada, formuló pliego de cargos contra el magistrado Jhon Rusber Norena Betancourth, implicado por supuesta falta gravísima.
Esta medida disciplinaria surge ante el inexplicable retraso en la implementación de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, diseñada para abordar la crisis humanitaria en La Guajira. Según la Comisión, el magistrado investigado no conformó el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación ordenado por la Corte, ni cumplió con las directrices para mejorar las condiciones de la comunidad Wayúu, desatendiendo los principios de celeridad y diligencia en la administración de justicia.
El fallo de la Corte Constitucional instaba a trabajar de manera conjunta con las autoridades Wayúu y la Defensoría del Pueblo, estableciendo acciones con plazos claros y mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la inacción del magistrado Norena Betancourth se prolongó desde junio de 2018 hasta febrero de 2021, momento en que la Corte Constitucional tuvo que intervenir directamente para asegurar el cumplimiento de su propio fallo.
La Comisión considera que estos actos constituyen una falta grave, según lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, por culpa grave y en detrimento de los derechos fundamentales de una comunidad en situación de vulnerabilidad.
