Por: Betty Martínez Fajardo
En la cosmología wayuu los vientos son seres plurales y tienen temperamentos distintos. Mientras se montan 20 parques eólicos con millonarias inversiones protegidas por el Estado Colombiano, las familias wayuu no tienen acceso al agua potable. Testimonios de lideres sociales wayuu confirman que en muchos casos las consultas previas se realizan en medio de la ignorancia.
“La mayoría de las empresas lo que han traído es conflicto entre los claniles”, así se refiere Mileidi Fernández, una joven wayuu, sobre los proyectos de energía eólica que se están montando en territorio de las comunidades indígenas en la Alta Guajira.
Su mirada reposada, lo explica todo. La empresa EPM, llegó a la comunidad de Jaipalen, a protocolizar unos acuerdos con las 25 familias que allí habitan para que se les permitiera el uso de vía para el transporte de material de uno de los parques de energía eólica.
A sus 27 años y con una hija que está criando, se muestra preocupada porque protocolizaron un acuerdo en medio de la ignorancia.
“No tuvimos ninguna asesoría, nosotros mismos, los de la comunidad, autoridad y lideres, la verdad que no teníamos conocimiento que era lo que se estaba haciendo con nosotros, nos dijeron que eran parques eólicos que eso era para llevar energía a otro país, y nosotros decíamos que si en todas las reuniones”, expresó más angustiada que de costumbre.
Sus grandes ojos, recorren la ranchería, y como para que no dijeran que estaba faltando a la verdad, apareció un camión a alta velocidad transitando la vía totalmente destapada desde el muicipio de Uribia levantando polvo más del acostumbrado y con un ruido intenso que atenta contra los sueños.
“Yo me siento afectada, fíjate que esta empresa con estas volquetas nos está afectando, tenemos más impacto negativo, mira la distancia tan corta a la casa, están empezando a trabajar a las cuatro de la mañana y eso nos despierta, y si uno está soñando, uno se despierta y el sueño queda ahí, nos interrumpe los sueños, nosotros soñamos con los ancestros o con algo nos dice algo, eso se pierde ahí porque no están interrumpiendo los sueños y eso es un impacto negativo”, relató.
Los temores de Mileidi, se entrecruzan, no entiende cómo su territorio es clave para la salida de energía pero ellos no tienen el privilegio de contar con ese servicio.
El 22 de junio de 2021, la ONG Nación Wayuu, denunció la muerte de Gustavo Suárez, del ei´ruku (clan) Girnu, en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción del municipio de Uribia en la Alta Guajira.
La situación se presentó en la comunidad de Topia, donde se enfrentó una disputa territorial entre dos clanes, quienes se encontraban en diálogo para lograr algunos acuerdos, pero que se agudizaron por la presencia en el territorio de la empresa Enel Green Power.
José Silva, es un líder wayuu que a traves de la organización Nación Wayuu se dedica a la defensa de los intereses de las comunidades indígenas frente a los distintos proyectos que se montan en el territorio de los wayuu. Foto: Betty Martínez Fajardo.
En su momento, el presidente de la ONG Nación Wayuu, José Silva, expresó que la citada empresa, solo se limitó a concertar con una parte de las familias excluyendo a los dueños legítimos del territorio.
En la comunidad de Tankamana, ubicada en el kilómetro 65 vía férrea con dirección Cuatro Vías – Puerto Bolívar, el montaje del parque eólico Las Camelias, fue el detonante de una división interna de dos familias que adelantaban el proceso de consulta previa, según explicó Rafael López Epieyu, abogado del eirruku Epieyu.
En la Casa de la Cultura, en el municipio de Uribia permanecieron 60 días ocho familias, desplazadas de sus territorios en la Alta Guajira, por conflictos y amenazas en medio de los procesos que se adelantaron por los proyectos eólicos, denunció en su momento la ONG Nación Wayuuu.
Los proyectos
El territorio habla asi lo siente Mileidy Fernández, ese espacio que los wayuu consideran sagrado y que hoy es el centro de atención por los proyectos de energia eólica.
Un informe ejecutivo y técnico de análisis de datos actualizado de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, precisa que el departamento cuenta con un portafolio de 39 proyectos registrados de los cuales 23 corresponden a generación de energía eólica y solar fotovoltaica con una capacidad total agregada de 4.074,6 MW complementadas por 16 proyectos de infraestructura eléctrica.
En el informe se precisa que a pesar de registrar 4.074,6 MW en proyectos de generación, en la actualidad La Guajira solo cuenta con 40,0 MW en operación comercial activa (Parque Eólico Jouktai de Isagén), lo que representa un ínfimo 0,98% de aprovechamiento efectivo.
Tras el inicio del desmantelamiento formal del parque pionero Jepirachi (19,5 MW de EPM), el portafolio presenta 1.804,6 MW (44,3%) que ya cuentan con licencia ambiental aprobada pero que no han podido iniciar su fase constructiva debido a demoras críticas en la red de transmisión y conflictividad socio territorial.
Nueve de los proyectos corresponde a la subasta que el gobierno nacional impulsó en el año 2019, además de dos líneas de transmisión que colocan a La Guajira como el epicentro de la transición energética en el país y la diversificación de su matriz eléctrica, mediante el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables. Los proyectos se encuentran en distintas etapas: construcción, estudios ambientales o consultas previas.
El proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora 500 kV, una de las obras más importantes para el desarrollo energético del país, alcanzó un 90 % de avance durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, y su puesta en marcha permitirá llevar la energía renovable que se generará en La Guajira y el Cesar al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El tramo Cuestecitas – La Loma ya alcanzó el 100 % de las obras civiles, el montaje y el tendido de la línea, con 511 torres y 248 kilómetros completamente terminados.
Empresas como Enel Green Power de Italia, AES Corporation de los Estados Unidos que adquirió los proyectos de Isagen, Empresas Públicas de Medellín, Ecopetrol y Begonia Power, una asociación colombo-austrica, son las dueñas de los proyectos que actualmente se montan en territorio del resguardo de la Alta y Media Guajira, que de acuerdo con la Constitución de 1.991 son de propiedad colectiva y no enajenables.
Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.
Ser socios
Rafael López Epieyu, es un joven abogado del eirruku Epieyu, de la comunidad de Tankamana, fue el vocero de varias comunidades por donde se trazó la linea de conexión del proyecto subestación Colectora adjudicado por la Unidad de Planeación Minero Energetica (Upme) como la primera iniciativa de transmisión que conectará los proyectos de energia eólica con el sistema interconectado Nacional. El proyecto fue construido por el grupo Energía Bogotá, y su inversión es de US$ 174,33 millones para ampliar la capacidad de generación del país en 1.050 megavatios.
Es un joven defensor de la cultura, convencido que, en el sol y el aire, está el mejor vivir de sus hermanos wayuu, siempre y cuando logren ser socios de las empresas que están montando los proyectos de energía alternativa.
Contrario a lo usual, cuenta Rafael, se dio a la tarea de lograr la autorización de todos sus mayores para invitar a la empresa Celsia a que montara el proyecto del parque eólico Camelia, en el territorio de la familia.
El proyecto en su momento se desarrolló y se surtió su consulta previa por el grupo Renovatio, posterior a eso fue vendido a la empresa Celsia.
El abogado, relató que la empresa Renovatio, lo que hizo fue sectorizar sus proyectos, Camelia uno, Camelia dos, Acacias, Acacias uno, para lograr una sola licencia ambiental.
Confirmó que se protocolizó dada las divisiones internas claniles y de ubicación geográfica del proyecto, con el grupo de las dos familias Wayuu del tronco del eirruku en Uribia, y en Maicao, en los ajustes a la licencia, los nuevos impactos y, los acuerdos.
Por desconocimiento del tema, no lograron el objetivo inicial planteado ser socios del proyecto, porque de acuerdo con funcionarios del Ministerio del Interior, legalmente no existe normatividad que lo ampare, y por lo tanto solo podían ser beneficiarios de algunos acuerdos y medidas de compensación.
En el marco de la consulta, lograron concertar varias iniciativas con recursos asignados por aerogenerador a un monto de millón quinientos mil pesos con incremento al IPC por la cantidad final de aerogeneradores que permitía tener acceso a un recurso por los 20 años del proyecto.
Existen otras comunidades como el caso de Paraíso, de Talawara, de Kararu, quienes también cuentan con unos recursos no tan significativos como lo de Tankamana.
El abogado quien se ha dedicado a estudiar el tema , insiste en cinco elementos para ser socios de las empresas de los cuales las comunidades wayuu cumplen con tres de ellos.
La puesta en práctica de estos proyectos genera áreas de exclusión y/o de limitación de las actividades frecuentes sobre ellas (World Bank, 2011), por lo tanto, termina modificando las formas como se usa el territorio, asi lo plantea el abogado Carlos Manuel Guerra López, en su investigación «Proyectos de energía Renovable en el territorio indígena wayuu. Una relación desconectada».
A renglón seguido precisa que la relación del pueblo wayuu con las empresas involucradas se encuentra mediada por una desigualdad material que se evidencia en diferentes aspectos: la forma de establecer los parámetros de negociación, la ausencia de un Estado imparcial que garantice un diálogo genuino, la determinación de los beneficios derivados de la compensación y los derechos por uso del suelo, entre otros (González y Barney, 2019).
Las empresas coinciden en su negativa de pagar sus obligaciones con dinero; de hecho, se ha creado una imagen de los wayuu como ajenos al dinero. En su lugar, se crean estructuras de microproyectos para camuflar en el manto de la filantropía y bajo esquemas burocratizados lo que esta población tiene por derecho (González y Barney, 2019).
Impacto cultural.
El departamento de La Guajira cuenta con 144.003 personas repartidas en 18.211 familias, de las cuales, según el Dane, el 48 % de la población es wayuu, quienes ahora comparten el territorio con los gigantes que llegaron a invadirlos.
El impacto cultural por el montaje de los proyectos eólicos, en territorios alejados de los centros poblados es real, las familias que habitan de manera dispersa el territorio lo viven a su manera.
La vulneración a sitios sagrados como el cementerio, y el desplazamiento del territorio, son apenas algunas de las consecuencias a la vida diaria de las familias wayuu, que de un momento a otro les ha tocado lidiar con extraños que llegaron a montar un millonario negocio con el viento y el sol.
Perramana, en una comunidad wayuu que se encuentra en el sector de cuatro vías y está siendo impactada por varios proyectos. El territorio es muy pequeño y la población demográfica alta. Allí una torre se encuentra ubicada muy cerca de las viviendas, del pozo profundo, de la cancha de futbol y, del cementerio el sitio más sagrado para los wayuu.
“Fácilmente la persona podría colgar su chinchorro al lado de esa torre que quedó en medio del proyecto, si el proyecto se arrima más allá tendría el cementerio si es mas allá tienen más familias”, relató el abogado wayuu, Rafael López Epieyu.
La solución, dice el abogado, sería un proceso de reubicación, y ningún proyecto le apuntaría a esa alternativa por lo costoso.
Explicó que con la empresa Celsia se protocolizó el tema de impacto socio cultural, el de servidumbre quedó condicionado a un replanteo sino lo más lógico es que indemnicen a las familias.
Perramana, según el abogado presenta la mayor dificultad para poder adelantar un proceso de negociación.
Impacto en el ambiente
Una investigación del abogado, Carlos Manuel Guerra López magister en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales y descendiente del pueblo indígena wayuu, explica que estudiar los impactos ambientales en un contexto indígena implica la obligación de analizar el tipo de interacción que estos pueblos tienen con los entornos no humanos que lo integran.
En el documento «Proyectos de energía Renovable en el territorio indígena Wayuu. Una relación desconectada», precisa Guerra López, que para el pueblo wayuu, tanto los pájaros como los murciélagos poseen una alta valoración relacionada con el oficio de los pütchipü’ü y la resolución de disputas, aspecto que puede corroborarse en los relatos míticos y los significados detrás de ellos.
Adicionalmente, si bien es cierto que el impacto acumulativo de la energía eólica en todo el mundo proporcionaría un beneficio neto para la conservación de la biodiversidad y la disminución de los GEI, se debe tener presente que toda actividad humana es susceptible de causar alteraciones (World Bank, 2011), siendo algunas de ellas las siguientes:
✅Impacto sobre las aves: colisiones con las torres; alteración del comportamiento, puesto que reconocen el riesgo de las turbinas; aumento de daños según los efectos meteorológicos y de visibilidad. Estos impactos se intensifican en aves nocturnas.
✅Impacto sobre los murciélagos: la frecuencia y el número de muertes en las turbinas eólicas son mucho mayores que en cualquier otro tipo de estructura construida por humanos; barotrauma: resulta de la rápida reducción de la presión del aire cerca de las aspas en movimiento.
✅ Impactos en los Hábitats Naturales: pueden dañar la biodiversidad a través del desmonte y la fragmentación de estos. Un buen ejemplo es lo ocurrido en Wyoming, EE. UU. Allí se pre- sentaron alteraciones en la formación de dunas de arena a favor del viento, situación que afectó la supervivencia de especies de plantas y animales endémicos (World Bank, 2011).
Otras voces
En la comunidad de Iperra, se encuentra una torre de medición, de la empresa Aes Colombia de Jemewakai, allí vive María José Gómez Epieyu, con sus tres hijos de nueve, seis y año y medio, quien por su condición de Achon (hijos por línea paterna), no recibe ningún tipo de beneficio, a excepción de 500 litros de agua mensual que le entregan.
María José, es muy joven, y considera que a pesar de su condición de achon, tiene derecho a recibir los mismos beneficios de las otras familias que conviven en el territorio.
Edgar Márquez, también vive en Iperra, trabajó como cadenero en el montaje del parque eólico Guajira uno. Laboró con la empresa Isagen, en el acoplamiento de cuatro torres, igual que María José, no recibe ningún otro beneficio.
“El contrato fue fijo mientras duró el montaje del proyecto, me sirvió mucho este trabajo porque estaba desesperado por el desempleo”, contó.
Muy recostado en el taburate, en la cálida mañana del sábado, Edgar, recordó a su papá, Alirio Gómez, autoridad tradicional, quien falleció de manera inesperada por un paro respiratorio.
“Papá era el mayor de la familia, era autoridad nunca pensábamos que se iba a ir sorpresivamente, él me crio, como no está no tenemos apoyo, si el estuviera vivo tuviéramos beneficio de estas empresas”, expresó.
Reubicación
Cada vez que puede Liliana Rodríguez Epieyu, llega al cementerio que fue construido con dinero que recibió como compensación anticipada de la empresa Isagen, para trasladar los restos de su madre.
“Nos reubican por el polvorín, por el ruido cuando comenzaron a abrir la vía”, contó la líderesa.
Liliana, vive en Taruasaru, en el corregimiento del Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, es de contextura robusta, hablante del wayuunaiki, quien recuerda claramente la visita de dos cachacos que llegaron a su territorio en el año 2001, con la idea de montar un parque eólico.
“En ese entonces, la empresa Wayuu ESP S.A, fue muy clara, si el proyecto queda cerca nos hacia una reubicación para evitar un peligro”, dijo.
En ese diálogo ameno, en su territorio, contó que le dolió mucho que la empresa Wayuu ESP S.A, no siguiera con el proyecto porque plantearon una propuesta diferente en su modelo de negociación haciéndoles participes de la venta de energía en bloque generada por el parque, lo cual quedó suscrito en la consulta, y un reconocimiento por la venta de los bonos de carbono, de los cuales no se hablaba de ello para esa época.
El acuerdo con Wayuu ESP S.A, fue concertado con los ancestrales, y Achon (hijos por línea paterna), representados en las comunidades de Musharrelain, Lanshalia y Taruasaru, quienes fueron determinantes en que los beneficios generados de la consulta que realizó Isagen quien asumió el proyecto serian distribuidos en partes iguales para mantener la paz y la armonía en el territorio.
En el recorrido, contó Liliana, que el día del traslado de los restos de Doña Ina al cementerio, fue acompañada por la familia y muchos amigos como si fuera el primer entierro.
El camino recorrido
En el año 2005, la empresa Pública de Medellín, montó a manera de experimento el parque eólico Jepirachi instalando 15 aerogeneradores con una capacidad de 19,5 MW.
El 21 de enero de 2022 el entonces presidente de Colombia Iván Duque Márquez, puso en marcha en el territorio del Cabo de La Vela los diez aerogeneradores del primer parque eólico en Colombia Guajira 1 de un total de 16, distribuidos en 5.5 hectáreas para aportar generación eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.
El proyecto se desarrolló a través de los incentivos fiscales y tributarios, y fue ejecutado por la empresa Isagen y construido por el grupo Elecnor. La inversión llegó a los $ 75.000 millones.
El proyecto posee el registro como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y puede emitir Certificados de Reducción de Emisiones (CER). Además, permitirá reducir 136 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Para esa época, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, aseguró que “Guajira 1 es un gran hito de la transición energética, pues es el primer parque eólico que se construye en el país en 17 años y el primero de 16 parques que se construirán en los próximos tres años. La Guajira es el epicentro de la transición energética en Colombia, porque el departamento cuenta con un régimen de vientos de clase mundial”.
Desde ese 21 de enero de 2022 han transcurrido cuatro años, la mayoría de los proyectos no han podido iniciar su fase constructiva debido a una serie de dificultades como la demora en la construcción de la red de transmisión y los conflictos presentados en el territorio para la realización de la consulta previa.
En el informe ejecutivo y técnico de análisis de datos actualizado de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se precisa que a pesar de registrar 4.074,6 MW en proyectos de generación en la actualidad La Guajira solo cuenta con 40,0 MW en operación comercial activa (Parque Eólico Jouktai de Isagén), lo que representa un ínfimo de 0,98% de aprovechamiento efectivo.
Tras el inicio del desmantelamiento formal del parque pionero Jepirachi (19,5 MW de EPM), el portafolio presenta 1.804,6 MW (44,3%) que ya cuentan con licencia ambiental aprobada pero que no han podido iniciar su fase constructiva debido a demoras críticas en la red de transmisión y conflictividad socio territorial.
El 24 de mayo de 2023, la empresa Enel Colombia suspendió indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi (205 MW).
La decisión fue adoptada por la junta directiva de la compañía ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de la actuación de la organización.
La compañía informó en su momento que además de los recursos asociados a los compromisos de consulta previa, se invirtieron más de $ 7.100 millones de pesos en proyectos relacionados con educación de calidad, acceso al agua y desarrollo económico. Las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales los años 2021 y 2022 y parte de 2023 lo que aumentó la cifra en un 60%.
El 5 de abril de 2025, la empresa EDP Renewables (EDPR) anunció que cancelaba de manera definitiva la construcción de dos parques eólicos Alpha y Beta, que prometían generar energía para 823.000 viviendas.
Al tiempo informaron de la subasta de las hélices, los transformadores y todos los materiales que habían comprado en 2021 para construir esos dos parques.
El 18 de julio de 2025, Empresas Públicas de Medellín suspendió de manera temporal la construcción del parque eólico E200 que prometía generar 200 megavatios debido a dificultades para lograr acuerdo con las comunidades.
Esas decisiones muestran la desconexión de las empresas con el pueblo wayuu, por ello el gobernador de La Guajira Jairo Aguilar Deluque, considera necesario que la capacidad del Estado debe llegar hasta el territorio para lograr que los proyectos de energía eólica avancen en el territorio.
De esos tres proyectos suspendidos fueron reactivados el parque eólico de Windpeshi, una vez la empresa Ecopetrol lo adquirio, y Alpha y Beta en junio de 2026 luego que la empresa Greenwood Energy los comprara con el respaldo del gobierno nacional.
Para poder destrabar los proyectos y acelerar la transmisión energética en el Caribe Colombiano, el gobierno nacional creó un nuevo modelo de gobernanza mediante una mesa permanente entre comunidades, empresas y Estado.
El esquema pretende avanzar en acuerdos comunitarios alrededor de iniciativas para la generacion y transmisión de energía limpia en el país.
Fuente: Corpoguajira. Informe ejecutivo y técnico de análisis de datos.
El investigador del Instituto de Ambiente de Estocolmo -SEI-, José Antonio Vega Araujo, considera que el avance de la energía eólica en La Guajira no es tan solo por su viablidad técnica o económica, sino también una situación de aceptación social que depende en gran medida de la calidad del proceso de consulta y relacionamiento entre las empresas desarrolladoras y las comunidades wayuu.
Vega Araujo, es un convencido que se han ido superando las dificultades con las comunidades por la forma inicial como las empresas llegaron al territorio.
En su analisis considera que las empresas entendieron el valor del territorio para las comunidades wayuu.
El 11 de noviembre de 2025, el presidente de entonces Gustavo Petro Urrego, firmó el Decreto 1186 del 10 de noviembre de 2025, que reglamenta la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), un nuevo instrumento normativo que marca un hito en la gestión ambiental y la implementación de la Transición Energética Justa en Colombia.
La LAEólica, elaborada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt, permitirá agilizar de manera responsable el licenciamiento de proyectos de generación eólica con capacidades entre 10 MW y 100 MW. Este instrumento promueve un modelo ambiental que optimiza los procesos de evaluación, fortalece la protección de la biodiversidad y garantiza la participación de las comunidades en la implementación de la energía limpia.
El gobierno nacional mediante una resolución creó una mesa permanente entre comunidades, empresas y Estado como un modelo de gobernanza para acelerar la transición energética en el caribe colombiano, y para avanzar en acuerdos comunitarios alrededor de iniciativas para la generación y transmisión de energía limpia en el país.
El tema es tan complejo que actualmente el presidente Abelardo De La Espriella, pidió al Ministerio de Minas y Energía avanzar en una transición energética ordenada, confiable y financiable dando prioridad durante los próximos 12 meses a la reglamentación, la expansión en redes y la generación adicional.
Y en esa frase de cajón dice que “la enorme riqueza energética de La Guajira tiene que traducirse en inversión, empleo, desarrollo y mejores condiciones de vida para las comunidades».
Sin embargo, a pesar de sus reclamaciones las voces de las comunidades wayuu siguen cediendo en esa lucha desigual con las grandes empresas que llegaron a montar un negocio en ese extenso territorio de la Alta Guajira.
