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La improvisación y no reconocer la institucionalidad local generó el caos en la atención del gobierno nacional a La Guajira

Por: Betty Martínez Fajardo.

Las investigaciones anunciadas por los entes de control al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, Olmedo López Martínez, por presuntas irregularidades en la adquisición de cuarenta carrotanques doble troque para entregar agua potable a las comunidades wayuu de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha es producto de la improvisación y de no reconocer luego se llegó al territorio la institucionalidad representada en el gobernador y los alcaldes.

En un encuentro extraordinario de ministros, el 11 de septiembre de 2022, en el corregimiento de Mayapo, jurisdicción del municipio de Manaure, el presidente   Gustavo Petro, se comprometió con el pueblo wayuu a dar cumplimiento a la sentencia T 302 de 2017 donde la Corte Constitucional ordena que se le garantice el acceso al agua potable, seguridad alimentaria y salud a los menores indígenas de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y el Distrito de Riohacha.

“Es un problema que nosotros tenemos que resolver con el presupuesto nacional. Hay que ponerle plata a la sentencia”, expresó el mandatario en ese encuentro.

En ese momento se inició todo un plan gestado desde el gobierno nacional para atender la crisis humanitaria en el departamento, para lo cual el presidente de los colombianos expidió el decreto 1085 del dos de julio de 2023, donde se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, priorizando 11 sectores.

El decreto, tenía como objetivo garantizar la supervivencia de las personas afectadas en condiciones dignas, para lo cual el gobierno nacional enfocaría sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medio ambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación.

Sin embargo, la Corte Constitucional, el pasado dos de octubre de 2023, tumbó el decreto 1085 y lo calificó como inconstitucional.

Luego de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, el gobierno nacional estructuró el llamado “Plan Guajira”, y el 18 de septiembre de 2023 informaron que 49 equipos de emergencia atendían a la población más vulnerable en el marco del ¨Plan Inmediato de Gerencia Especial para La Guajira”, bajo la responsabilidad en ese momento del médico Luís Gómez Pimienta.

En ese plan de acuerdo con la información de Presidencia de la República, participaron 1.256 promotores y profesionales de medicina general, pediatría, enfermería, nutrición, odontología, medicina tradicional, antropología y sociología.

Se confirmó además que, desde el Viceministerio de Agua, se intervinieron reservorios de agua, se rehabilitaron más de 480 pozos de agua profunda y se invirtieron en 40 carrotanques para la distribución de agua potable.

También, que el Ministerio de Agricultura puso en marcha 14 proyectos productivos nutricionales en 40 corregimientos de los cuatro municipios priorizados Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.

Así como la entrega de 98.000 mercados a la población wayuu. Se instalaron 125 ollas comunitarias para el suministro de desayunos y almuerzos durante tres meses, por un valor de 117 mil millones de pesos.

El 28 de noviembre de 2023, la consejera Especial para las Regiones, Sandra Ortiz, afirmó que el presupuesto para el departamento aumentó un 76 %, a casi 3 billones de pesos.  “En este momento se han destinado más de 600.000 millones de pesos para atender la emergencia”, manifestó.

UNGRD

Olmedo López, director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la comunidad wayuu de Wayumatamana zona rural de Manaure. Foto: Betty Martínez Fajardo.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López Martínez, se convirtió en uno de los funcionarios de confianza del presidente Gustavo Petro, para atender la emergencia humanitaria en La Guajira.

El 23 de julio de 2023, llegó a la comunidad wayuu de Wayumatamana zona rural del municipio de Manaure, donde fue recibido por el líder wayuu Javier Rojas, para dar apertura al programa de Ollas Comunitarias.

El programa inicialmente benefició a 125 comunidades wayuu que representaban a 12.500 indígenas, y en donde se invirtieron 117 mil millones de pesos que se ejecutaron en tres meses. Fue una minuta variada y balanceada que se ofreció en el servicio del desayuno y el almuerzo.

En ese encuentro participaron el médico Luís Gómez Pimienta, al momento gerente especial para La Guajira, y el líder social Javier Rojas.

Al tiempo, el programa mostraba sus debilidades porque la delegación se encontró con un bloqueo de la comunidad de Wacawoli, quienes también reclamaban la atención del gobierno nacional.

“Nos tienen en un abandono absoluto, uno toca las puertas y no hay solución, yo no consigo solución con nadie, como no estamos asociados no nos quieren dar la ayuda”, expresó Casilda Pushaina, residente en la comunidad de Wacawoli.

Explicó que en esa comunidad habitan 120 niños, y siete de ellos se encontraban desnutridos.

El 12 de agosto de 2023, el funcionario advirtió que la Unidad en los últimos meses en atención a la situación de emergencia, destinó carrotanques para el suministro de agua potable, inspeccionó la infraestructura de agua, realizó mantenimiento y recuperación de jagüeyes, se preparó para la respuesta por el paso de la tormenta tropical Bret, entregó cerca de 1.500 kits de alimentos y 500 kits de aseo, implementó el programa de Ollas Comunitarias, así como el de Compra de Cosechas y entregó 14.479 Canastas Populares a las comunidades.
 
“En los últimos dos meses de este año hemos invertido 42 mil millones de pesos en alimentos en La Guajira a través de nuestros programas de Ollas Comunitarias y Canastas Populares para beneficiar a cerca de 100 mil indígenas wayuu”, dijo Olmedo López, director general de la UNGRD.

Los carros tanques

El 18 de enero de 2024, llegaron a La Guajira 40 carrotanques doble troque con una capacidad de 16 mil litros, para distribuir agua en el sur y norte del departamento, según lo informó el subdirector para el manejo de Desastres, Sneyder Pinilla.

“Con estos carrotanques se busca mitigar un poco la falta de transporte del agua potable, una de las primeras consignas del presidente Gustavo Petro fue llevemos carrotanques a La Guajira, pero carrotanques propios, estos van a ser entregados al Ejército Nacional para que ellos lo operen y poder estar en todo el territorio de La Guajira”, expresó ese día el alto funcionario.

Los vehículos recorrieron tres mil kilómetros desde la región Pacífica y Andina, 10 salieron de Bogotá, 21 de Medellín y 9 de Yumbo, Valle del Cauca.

Los puntos de captación que se definieron en un puesto de mando unificado fueron el acueducto central, el industrial, el micro acueducto del corregimiento de Nazareth, del Cabo de la Vela, Casa Azul-AAA en el municipio de Manaure, acueducto Aguas de la Península en Maicao, acueducto Aqualia en Riohacha y acueductos municipales.

Sin embargo, después de un mes los 40 carrotanques permanecían parqueados en una base militar en el municipio de Uribia.

Una investigación del diario El Tiempo, reveló que para la compra se firmó un acuerdo entre la Unidad de Gestión del Riesgo y la empresa Impoamericana Roger S.A.S dedicada al comercio al por mayor de materiales de construcción y la importación, exportación de repuestos y accesorios de carros, de octubre de 2023. Los vehículos se entregaron desde el 23 de noviembre del mismo año.

El contrato no aparece publicado en el Secop. Fue suscrito bajo el decreto presidencial 2113 de 2022. En la compra de los 40 carrotanques se invirtieron 46.800 millones de pesos. Cada vehículo costó alrededor de 1.170 millones de pesos.

El martes 20 de febrero de 2024, luego de una serie de denuncias de los medios de comunicación nacional y regional, se despacharon los primeros 10 de los 40 carrotanques cargados de agua potable desde el municipio de Uribia a diferentes comunidades de la Alta Guajira.

Al tiempo la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General, abrieron investigación contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Olmedo López Martínez, por presuntas irregularidades presentadas en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

La Defensoría del Pueblo

En la audiencia pública, convocada por la Corte Constitucional para evaluar la constitucionalidad del decreto legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que si bien el cambio climático y el fenómeno del Niño agravan la situación, la problemática que, de forma permanente y crónica, sufre el Pueblo Wayúu en La Guajira, es causada por la negligencia estatal que se traduce en la ausente y defectuosa infraestructura de servicios y la falta de planeación que permita la sostenibilidad de los proyectos productivos en la región.

Agregó que la entidad protectora de los derechos humanos en el territorio nacional ha manifestado en distintas oportunidades la ausencia de coordinación y articulación entre las entidades nacionales y territoriales. “Prueba de ello, la falta de un censo actualizado, completo y veraz, de la población Wayúu”, dijo el Defensor del Pueblo. 

A partir del trabajo en terreno realizado por los equipos especializados de la Defensoría del Pueblo, indicó que persisten las situaciones que originaron el amparo de derecho de menores de edad de las comunidades indígenas con asiento en ese departamento del norte del país.  “Entre enero y julio de este año, murieron 39 niñas y niños menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas a esta enfermedad, sin tener en cuenta el alto subregistro de fallecimientos que se presenta en la región”, aseguró Camargo Assis.

A propósito del trabajo de los funcionarios de la entidad en el amplio territorio Wayúu, expresó que de las 27 comunidades visitadas, solamente una, Media Luna Jawao, cuenta con una solución integral para el suministro del agua, seis tienen sistema de potabilización en funcionamiento y 19 se abastecen de jagüeyes o pozos de agua salobres. El acceso al agua es limitado, lo que, en consecuencia, no está siendo garantizado.

Otra necesidad básica insatisfecha tiene que ver con la prestación del servicio a la salud. La vulneración de ese derecho fundamental a las comunidades ha sido sistemática en la capital Riohacha y las poblaciones de Manaure, Maicao y Uribia. 

“Factores ambientales, escasez de agua potable, deficiencia alimentaria y nutricional, mortalidad infantil, entre otros, manifestados previamente en nuestros informes defensoriales sobre lo que vive el departamento, han desencadenado una problemática estructural que, con el paso del tiempo, se ha agudizado”, señaló el Defensor del Pueblo de los colombianos. 

Razón por la que les hizo un llamado a los entes del orden nacional, departamental y municipales: “Deben trabajar de manera conjunta y armónica, solo así podrán ser impulsados programas de desarrollo sostenible, generadas soluciones integrales y creadas, en el mejor de los casos, políticas públicas para combatir la crisis social y humanitaria que vive La Guajira, otra de las regiones históricamente abandonadas por el Estado”.

Niños wayuu en el lanzamiento del programa de Ollas Comunitarias en la comunidad de Wayumatamana, zona rural de Manaure. Foto: Betty Martínez Fajardo.

Los niños wayuu

Mientras las autoridades nacionales y las locales, intentan ponerse de acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia T 302 de 2017, los menores wayuu siguen muriendo por factores asociados a la desnutrición.

Los esfuerzos se multiplican, pero en la práctica siguen dispersos, porque las soluciones que se brindan no son de fondo sino para atender la coyuntura del momento.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, en La Guajira a la fecha en lo que va de este año 2024 han fallecido tres menores por desnutrición, uno en Uribia, Manaure y Riohacha respectivamente.

En tanto, los equipos extramurales que recorren especialmente el territorio de La Alta Guajira han encontrado 324 casos de menores con desnutrición aguda.

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