Por: Veeduría a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
El plan de acción de la Sentencia T-302 de 2017 no cuenta con el conjunto de indicadores de incidencia territorial rigurosos que la Corte Constitucional ha venido requiriendo .
Ello se debe a que las instituciones no han entendido que planificar es una acción consciente y ordenada que permite llevar la actual situación social y económica de un grupo poblacional o comunidad a una situación social y económica mejorada, es decir, pasar de un escenario indeseado a uno deseado y pertinente.
El proceso de planificación del desarrollo territorial es multidimensional (diferentes sectores) y multiescalar (diversas instancias de gobierno), se ejecuta a través de una agenda pública, resumiendo el conjunto de problemas y se asumen como objetivos a través de sus programas, proyectos, metas, indicadores y matriz de inversiones.

Por lo tanto, los indicadores son herramientas claves para medir el impacto de la gestión y evaluación de cualquier proceso o proyecto.
En ese sentido, reflejan los niveles de eficiencia y la efectividad de los procesos, proyectos o resultados en una organización o sistema. brindando información valiosa que contribuye a una mejor planificación y ejecución.
A través de ellos se pueden asumir diversas etapas tales como la evaluación del desempeño e impactos: tomar decisiones, realizar monitoreo y control, definir objetivos intermedios, identificar sistemas de comunicación de resultados a los interesados y rendir cuentas.
Así como realizar contrastes y mediciones de brechas, identificar tendencias asimétricas, priorizar y viabilizar recursos, establecer el grado de articulación y cooperación para el logro de los objetivos y la definición de propósitos de mejora continua.

La sentencia
En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional determinó que el Estado de Cosas Inconstitucional – ECI en La Guajira, se entenderá superado cuando los indicadores de mortalidad de niños menores de cinco años, la de desnutrición, crónica, aguda y global sean menores o igual al promedio nacional.
En ese sentido, desafortunadamente los indicadores determinados por las instituciones en su evaluación y seguimiento, no siempre se encuentran direccionado a esos propósitos.
Por tanto, reconociendo estas dificultades, desde la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 se han sugerido a las entidades que están aglutinadas en el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Políticas Públicas un conjunto de indicadores relevantes y pertinentes, que sirven para valorar objetivos intermedios del proceso de implementación.
Igualmente, medir los avances en la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 desde distintos ángulos, indicadores que pueden ser profundizados y mejorados con el respectivo seguimiento de los resultados.
Cabe destacar que con la valoración y el uso por parte de las entidades sentenciadas se puede constituir un instrumento técnico homogéneo de medición de las acciones del plan de acción provisional que ellas despliegan en La Guajira, representando un avance significativo en los esfuerzos de seguimiento y control que se desarrollen en aras de superar el estado de cosas inconstitucional.

Indicadores de la sentencia
Los Indicadores permiten medir el avance en la superación del estado de cosas inconstitucionales, es decir el progreso en la garantía efectiva de los derechos de los niños wayuu y la superación de las causas que dieron lugar a la declaración del ECI en los en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.
En ese sentido, se pueden construir indicadores claves basados en el «Goce Efectivo de Derechos» (IGED).
Indicadores de cumplimiento del plan operativo: permiten medir el progreso en la garantía efectiva de los derechos de los niños wayuu y la superación de las causas que dieron lugar a la declaración del ECI en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.
Indicadores de cumplimiento de responsabilidades individuales de las entidades sentenciadas: para establecer responsabilidades individuales, monitorear y evaluar el cumplimiento de las órdenes específicas dadas a las alcaldías de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Así como a la Gobernación de La Guajira, en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en este caso es necesario desarrollar indicadores detallados para cada una de las acciones requeridas por la Corte Constitucional.

Indicadores para medir la articulación
La articulación interinstitucional e intersectorial es clave para garantizar la implementación efectiva de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017.
En tanto, para medir la colaboración entre las entidades sentenciadas como la efectividad de dicha colaboración, se pueden estructurar variables que evalúen la coordinación, cooperación y resultados alcanzados a través de las acciones conjuntas entre diferentes sectores y niveles de gobierno, asegurando que las entidades colaboren de manera eficiente para superar el estado de cosas inconstitucional.
Los Indicadores para medir el cumplimiento y la efectividad de las entidades de seguimiento y control del cumplimiento de la sentencia T- 302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional respecto a la situación de los niños y niñas wayuu en La Guajira, es necesario diseñarlos para que evalúen el desempeño de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
En tanto, los indicadores para medir la sostenibilidad de las acciones y programas implementados en el marco de la sentencia T- 302 de 2017, para evaluar la sostenibilidad de los programas y acciones en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, es esencial desarrollar las variables que aborden aspectos financieros, sociales, ambientales, institucionales y de participación comunitaria.
Por su parte, también se deben trabajar los indicadores para medir la participación comunitaria de las autoridades, líderes y comunidades wayuu en los procesos de planificación, ejecución, evaluación y control de los programas y proyectos en el marco de la sentencia T- 302 de 2017.
En tanto, los indicadores relacionados con la Implementación de sistemas de información articulados, actualizados, confiables y de acceso público en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, permitirán medir la efectividad, transparencia, y sostenibilidad de los sistemas de información implementados para seguir el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, con especial atención a la articulación interinstitucional, la confiabilidad de los datos, la participación comunitaria y la accesibilidad pública de la información.
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