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Ejército calla frente a denuncias de agresiones en el Guayabero.

Documentos del Comando General de las Fuerzas Militares, filtrados por el colectivo ‘hacktivista’ Guacamaya, revelan que los militares recibieron quejas sobre abusos durante operativos de erradicación forzada en 2020, incluyendo a un periodista y varios campesinos que fueron baleados. Según los documentos, también se registraron nuevas denuncias en 2021.

La guardia campesina y pobladores de Guayabero protestan contra operativos de erradicación de coca en la vereda Puerto Cachicamo, en Sao José del Guaviare, en noviembre de 2021. Crédito: Edilson Álvarez/Voces del Guayabero.

Por Rutas del Conflicto, La Liga Contra el Silencio y CLIP.

Las Fuerzas Militares han recibido y tramitado internamente más de diez denuncias públicas sobre supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados en la región del río Guayabero, al suroriente del país, desde junio de 2020. Pero han callado sobre los resultados de sus investigaciones, según información a la que Rutas del Conflicto tuvo acceso a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas basados en Francia que sigue y publica los trabajos de periodistas amenazados o asesinados. 

Los abusos militares, reportados en por lo menos cinco veredas de las más de 90 que componen la región del Guayabero, entre Meta y Guaviare, se conocieron hace dos años y medio, cuando por lo menos seis personas fueron heridas con disparos de fusil durante operativos de erradicación forzada de coca. Una de ellas fue Fernando Osorio, periodista del medio comunitario Voces del Guayabero, quien recibió disparos en una mano y en el bolso donde llevaba su cámara fotográfica.

Otros reporteros del medio dijeron, en entrevista con Rutas del Conflicto, haber sido tildados por los soldados de “fotógrafos y periodistas de la guerrilla”, una estigmatización que, según afirmaron, les ha puesto en riesgo. Además del reportero baleado, los periodistas comunitarios también contaron que han sido retenidos por soldados, les han impedido realizar cubrimientos y han sido obligados a borrar fotos y videos de sus cámaras.   

Las agresiones afectaron a Voces del Guayabero, un medio comunitario que publica contenido en Facebook. En 2020, sus videos sobre los operativos de erradicación fueron retransmitidos por medios de alcance nacional, tanto en internet como en televisión. El impacto de la cobertura, sin embargo, lo acabó sintiendo el medio comunitario, con una reducción del equipo. Sumado al temor por las agresiones, Osorio tuvo su mano afectada por el disparo y se alejó del trabajo periodístico, mientras otros vieron su tiempo limitado por las labores en el campo y en la familia. El equipo, que empezó con cinco reporteros, a mediados de 2021 contaba sólo con una persona. 

Hoy Voces del Guayabero se ha renovado y cuenta con siete periodistas comunitarios, tras un proceso de diálogo y de capacitación en alianza con el medio digital alternativo El Cuarto Mosquetero, de Villavicencio. La visibilidad también ayudó a que cesaran las agresiones de la fuerza pública, según los periodistas. Sin embargo, dos años y medio después de las primeras denuncias, Voces del Guayabero no ha recibido ninguna información sobre el avance de las investigaciones.

Las acusaciones de abusos de los militares en 2020 fueron conocidas por el Ejército, así como nuevas denuncias realizadas al año siguiente. Eso revelan documentos del Comando General de las Fuerzas Militares filtrados por el colectivo ‘hacktivista’ Guacamaya.

Rutas del Conflicto tuvo acceso a los registros a través Forbidden Stories. En la mayoría de los casos, las denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos y comunicados que relatan agresiones en contra de campesinos fueron realizadas por organizaciones sociales y llegaron al Ejército a través de otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Defensa. Las denuncias son un mecanismo utilizado por organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer violaciones de derechos humanos y pedir esclarecimientos a las autoridades. 

Mural sobre Resistencia Campesina en la Vereda Nueva Colombia, en Vista Hermosa, Meta. Crédito: Rutas del Conflicto.

Un oficio remitido por el mayor general Sergio Alberto Tarfur García, entonces comandante del Comando Conjunto No. 3 “Suroriente”, de 25 de junio de 2020, informa al brigadier general Raúl Hernández Flórez, entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, sobre un comunicado enviado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) a la Defensoría del Pueblo regional en el Meta, donde se informa que entre el 5 y el 15 de junio de 2020, hubo disparos “indiscriminados” que dejaron heridas a seis personas, entre ellas un reportero. La Defensoría remitió la información al Procurador regional del Meta quien, a su vez, la envió al Comando Militar (ver documento).

El mismo día, Tarfur García también comunicó al entonces comandante de la Fuerza Tarea Omega sobre otras dos denuncias públicas enviadas a la Defensoría Regional por organizaciones sociales en mayo de 2020 y remitidas al Comando Militar. La primera informa sobre tres campesinos heridos por la fuerza pública en la región del Guayabero. La segunda afirma que los militares no cumplían “con los protocolos de autoprotección sanitaria” contra el covid-19. El documento también señala que algunos militares no portaban identificación y se tapaban el rostro, y que hubo agresiones físicas y verbales contra campesinos, a quienes se referían como “guerrilleros y milicianos” (ver documento).

En una entrevista con medios nacionales, el brigadier general Hernández Flórez también hizo referencia a una supuesta relación entre los campesinos que se oponían a la erradicación forzada y grupos armados ilegales. El entonces comandante de la Fuerza Omega afirmó que sus tropas fueron “constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho”. Además, dijo que los pobladores actuaban bajo “la presión ejercida por los alias ‘Gentil Duarte’, ‘Maneto’ y ‘Leopoldo’, integrantes del Grupo Armado Residual Estructura Séptima”, según publicó RCN Radio el 4 de junio de 2020.

En la región del Guayabero, la presencia territorial de la organización armada ilegal se ve, según observó este medio en visita al lugar, en pendones firmados no como Estructura Séptima, sino como Frente Jorge Briceño Suárez, grupo formado tras la dejación de armas de las FARC-EP. “Estoy vivo y en pie de guerra contra el imperialismo global del norte, contra la arrodillada oligarquía nacional y su aparato represivo”, se lee en uno de los pendones firmado por alias ‘Gentil Duarte’, a quien el gobierno había declarado presuntamente muerto en mayo del año pasado

Hay por lo menos otros dos modelos de pendones del grupo en veredas como Puerto Nuevo y Nueva Colombia, uno de ellos “en homenaje a la mujer fariana” y otro firmado como FARC-EP. Por lo menos cuatro documentos militares obtenidos en las filtraciones de Guacamaya tratan sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Un análisis de inteligencia de 26 de mayo de 2021 afirma que el Frente Jorge Briceño trafica drogas por los ríos Guaviare y Guainía hacia la frontera con Venezuela.

Los campesinos de la zona sostienen que cuando la fuerza pública los relaciona con el grupo ilegal los pone en riesgo; pero también los pone en la mira de otros grupos armados, como las ‘Águilas Negras’, que según los pobladores han firmado panfletos con amenazas. Además, explican que han protestado en contra de la erradicación forzada porque no tienen una alternativa productiva que les permita sustituir sus cultivos de coca.

“Si quieren acabar con la coca en el territorio, ¿dónde está ese plato de comida que se está dando por la hoja de coca? Siempre hemos estado dispuestos al diálogo (…). Ellos han llegado de una manera arbitraria, violenta. Es lamentable que no sea un grupo ilegal el que nos esté golpeando, sino la fuerza pública”, dijo un poblador que pidió no ser identificado por su seguridad, durante la visita de Rutas del Conflicto al Guayabero, en diciembre de 2022. 

Periodistas de Voces del Guayabero y El Cuarto Mosquetero diseñan mural a partir de una proyección en Nueva Colombia, Meta. Crédito: Rutas del Conflicto.

El campesino también dijo que se cultiva yuca y plátano en el territorio, pero que no hay infraestructura que permita venderlo fuera de la vereda. “La necesidad nos obliga a que tengamos que vivir de algo. Siempre le pedimos al Estado y al gobierno que no nos traten como narcotraficantes”, añadió. Los pobladores se oponen a las agresiones durante los operativos militares, y a la confiscación de ganado que pasta dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena por parte del Ejército.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega tiene la misión de combatir a los grupos armados ilegales y los delitos transnacionales en Meta, Caquetá y Guaviare; y ha liderado la erradicación forzada. Ni Tarfur García ni Hernández Flórez se mantienen en los mismos cargos, según un comunicado del Comando del Ejército Nacional de diciembre de 2021.

Nuevas amenazas y estigmatización

Las denuncias públicas de presuntas agresiones de miembros del Ejército continuaron en 2021. Esa institución recibió por lo menos diez nuevas quejas, presentadas por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; la Defensoría del Pueblo; la Movilización Pacífica por la Defensa de los Derechos Humanos, la Vida, la Paz y el Territorio y por el Espacio Humanitario Campesino del Guayabero. El Espacio Humanitario fue creado en 2020 por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, comunidades eclesiales, de fe y de la sociedad civil, para revelar agresiones contra las comunidades campesinas. Un oficio enviado por el Inspector General de las Fuerzas Militares a la Fuerza Omega, en marzo de 2022, pide una respuesta a estas denuncias. (ver documento).

Uno de los documentos, divulgado en marzo de 2021 por el Espacio Humanitario, relata que la fuerza pública amenazó e impidió la movilidad de pobladores en el territorio, en la vereda Caño Cabra Alto (Meta) (ver documento). Otra denuncia, del 26 de julio de 2021, señala intimidaciones en la vereda Nueva Colombia, Meta, donde 20 militares entraron a la casa de una pobladora que luego se desplazó al caserío. Esa agresión ocurrió mientras los líderes de la comunidad estaban en el Valle del Cauca en una mesa de diálogo con el gobierno de Iván Duque (ver documento). Otra de las denuncias relata “estigmatizaciones, amenazas de miembros del Ejército Nacional” en noviembre de 2021 en contra de los campesinos de la vereda Puerto Cachicamo, Guaviare (ver documento).

Enviamos preguntas sobre el estado actual de las investigaciones de las denuncias al Comando General de las Fuerzas Militares desde el  6 de enero de 2023, pero hasta la publicación de este artículo la institución no había contestado. El Ministerio de Defensa respondió que el Comando General atendería a las preguntas específicas sobre la región del Guayabero. Organizaciones que fueron parte del Espacio Humanitario tampoco recibieron respuestas. 

“La mayoría de las denuncias que se colocaban en los gobiernos anteriores, nunca recibíamos respuesta (…). Aspiramos que en este Gobierno la institución empiece a cumplir”, dijo un miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) que pidió no ser identificado por seguridad. 

Daniel Ávila, secretario técnico de la Red Llano & Selva y miembro de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, dijo a esta alianza periodística que tanto los operativos de erradicación forzada como la presencia de los militares y de otros grupos armados continúan en el Guayabero. También afirmó que la falta de respuesta de las entidades a las denuncias es un “hecho reiterativo” y que se debe al “abandono y a la invisibilización” del Estado sobre los territorios del Orinoco y de la Amazonía, además de un “peculiar interés sobre el uso de la tierra” allí, relacionado con el control territorial y la política pública de los parques naturales sin la presencia de campesinos.  

Edilberto Daza, representante legal de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC), explicó a esta alianza que recibió como respuesta una tutela del general Raúl Flórez, que acusó a las organizaciones sociales de una supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra. La acusación fue desestimada por la justicia.  

eriodistas de Voces del Guayabero y El Cuarto Mosquetero viajan en el río Guayabero tras actividades conjuntas en Nueva Colombia. Crédito: Sandra Cuffe.

En los documentos militares filtrados también hay casos de estigmatización contra organizaciones sociales. Uno de los textos, enviado a miembros del Comando General el 22 de abril de 2021, afirma que los grupos armados “estarían incidiendo” en tres organizaciones específicas, y en “organizaciones de derechos humanos” que mencionan de forma general. Dos meses después, diapositivas con un análisis sobre el Paro Nacional señalan la posible influencia del frente Jorge Briceño en el movimiento social. El documento, sin embargo, no presenta pruebas sobre esa supuesta relación. El Comando General de las Fuerzas Militares también fue cuestionado sobre la estigmatización, pero no contestó. 

Ante preguntas de algunos senadores de la República sobre los mismos hechos sucedidos en la región del Guayabero, sin embargo, los militares sí respondieron. El comunicado de mayo de 2021, firmado por el general Jorge León González Parra (entonces Jefe de Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Militares), afirma: “se han iniciado las indagaciones previas Régimen Disciplinario Militar Ley 1862 de 2017, con el propósito de ampliar información referente a las denuncias y proceder a tomar acción disciplinaria conforme lo establecido en citada ley”. Según el documento, se realizan capacitaciones permanentes sobre derechos humanos. Sobre las denuncias del Espacio Humanitario, el comunicado explica, en mayo de 2021, que cinco de ellas habían sido enviadas a las Fuerzas Militares, y que los militares habían tenido acceso a otras tres vía internet. Entre julio de 2020 y enero de 2022, el conjunto de organizaciones sociales del Espacio Humanitario publicó 16 denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos en el Guayabero. 

Estigmas contra el periodismo comunitario

En mayo de 2020, cuando empezó la erradicación forzada de coca en la vereda Tercer Milenio, en la frontera entre Meta y Guaviare, dos reporteros de Voces del Guayabero acompañaron el operativo. Otros dos se quedaron en Puerto Nuevo, Guaviare, donde recibían el material para publicarlo en Facebook. Ante la falta de internet en el lugar de los hechos, los reporteros hacían el trayecto entre las dos veredas en lancha, por el río Guayabero, para descargar los videos, según relató Maritza Montoya Moreno, de 34 años, entonces reportera del medio y ahora presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño San José, Meta.

Voces del Guayabero era el único medio presente al inicio de los operativos. Los videos salieron en las noticias de medios nacionales que informaron sobre los disparos contra los campesinos y los heridos, y mencionaron fuentes militares que acusaban a los pobladores de ser violentos contra los soldados y de tener vínculos con grupos armados ilegales. 

Este medio comunitario fue creado en 2018 para narrar hechos de la región desde la perspectiva de los campesinos, incluyendo estos operativos, y denunciar violaciones de derechos humanos. “Acá salen las cosas narradas por las personas directamente afectadas”, afirma Salomón Bedoya Pulido, de 42 años, reportero del medio en Lejanías, en la frontera entre Meta y Guaviare. Sus primeras publicaciones se realizaron en grupos de WhatsApp para una audiencia más local. Desde 2020 utilizan Facebook. 

Los primeros cinco reporteros del medio sufrieron agresiones de la fuerza pública durante los operativos de erradicación. “Hay que darle al de la cámara”, escuchaban. La estigmatización en contra de los periodistas de Voces del Guayabero es múltiple, y está relacionada con discursos sobre los campesinos de regiones afectadas por el conflicto armado y sobre reporteros comunitarios, que no tienen un diploma universitario. En Colombia, esto no es un requisito para ejercer el periodismo. En la sentencia C-087 de 1998, la Corte Constitucional abolió la necesidad de la tarjeta profesional. “El periodismo regional presenta más riesgo, [los reporteros] quedan muy expuestos”, afirma Lina Álvarez, fundadora del medio alternativo El Cuarto Mosquetero, que ha realizado cubrimientos y liderado escuelas de periodismo en el Guayabero. 

Edilson Álvarez González, periodista de Voces del Guayabero, toma una foto de la exposición realizada en conjunto con El Cuarto Mosquetero, sobre los talleres de periodismo realizados en 2022.  Crédito: Rutas del Conflicto.

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señala que los reporteros comunitarios y alternativos muchas veces no son reconocidos como periodistas entre actores como la fuerza pública. “Es bastante sintomática la falta de reacción cuando a quienes se agrede son periodistas comunitarios. Además, cuando está involucrada una institución, en este caso el Ejército, es mucho más difícil que avancen las investigaciones”, afirma. 

Bock también señala que el Ejército ha desarrollado su sistema de comunicaciones, que incluye 150 emisoras, y ha generado un monopolio en las radios locales presentes en buena parte del país. Además, añade que las Fuerzas Militares han asociado muchas veces a las voces alternativas con grupos ilegales, sin dar pruebas de esa relación. La FLIP ha solicitado protección estatal para los periodistas de Voces del Guayabero, y ha requerido información ante la Procuraduría General de la Nación y el Ejército Nacional sobre las agresiones. El Ejército contestó a la FLIP, en agosto de 2020, que adelantaba una investigación de carácter disciplinario sobre los hechos, que se encontraba en la etapa de instrucción, como entrevistas y ratificación de informes. A Rutas del Conflicto, la Procuraduría le informó en enero de este año que está tramitando seis denuncias sobre los supuestos abusos en la región del Guayabero, y que ha remitido la información a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a las gobernaciones y alcaldías locales. 

Otro factor de estigmatización es el hecho de que, en los últimos años, nuevos periodistas de Voces del Guayabero se identifiquen como firmantes de paz y exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP. Aunque se reincorporaron a la vida civil, los excombatientes han sufrido amenazas y 355 han sido asesinados en todo país desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, según la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el Guayabero, la zozobra también existe. 

Las amenazas directas de la fuerza pública a los reporteros cesaron después de que el tema se hiciera visible nacional e internacionalmente, en 2020. Los periodistas de Voces del Guayabero consideran que las escuelas de periodismo con El Cuarto Mosquetero han aportado un mayor respeto hacia el medio comunitario. 

Escuelas de periodismo y desafíos que persisten

El acercamiento entre El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero se dio a partir del cubrimiento de los operativos en 2020. Las escuelas de periodismo empezaron formalmente en noviembre de 2021, con talleres que incluyeron escritura, dramatización, radio, fotografía y video; sobre los temas de género, paz y defensa del territorio. También se realizaron murales colectivos en Nueva Colombia. Los productos periodísticos que resultaron de la formación incluyen piezas sobre las condiciones de la atención local en salud y sobre la guardia campesina, entre otros. La alianza con El Cuarto Mosquetero también abrió nuevos espacios para Voces del Guayabero, que en 2022 participó en publicaciones de El Espectador. 

Entre los participantes de las capacitaciones está Ronald Echeverry, de 55 años, uno de los fundadores de Voces del Guayabero en 2018 como presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia. “También voy a participar, no es justo, no voy a estar solo lejos”, dice. Echeverry fue estudiante de las escuelas de periodismo al lado de dos de sus hijos, de 11 y 9 años. Desde niño había querido ser periodista deportivo y radial. Actualmente hace reportería con su celular, enfocado en su vereda y en la cultura campesina. 

Ronald Echeverry García, expresidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia y fundador del medio Voces del Guayabero. Muestra el celular en el que grabó videos durante reportería realizada para Voces del Guayabero. Crédito: Rutas del Conflicto.

Otra reportera de Voces del Guayabero que se unió a partir de los talleres fue Dora Martínez Apache, de 33 años. Considera que entre los nuevos desafíos del medio comunitario está informar sobre la mala infraestructura de las veredas, la falta de un buen hospital, la escasez de oferta educativa para niños y adolescentes a partir de quinto de primaria. “Es cuando trabajamos nosotros que las otras personas podrán darse cuenta de cómo vivimos”, dice.  

Salomón Bedoya, compañero de Martínez, ya conocía el trabajo de Voces de Guayabero con anterioridad. Como participaba en grupos de líderes sociales en WhatsApp, recibió los videos del medio comunitario en sus inicios. Otra reportera, que prefirió no publicar su nombre por seguridad, es firmante del Acuerdo de Paz. Había sido enfermera mientras era parte de las filas de la antigua guerrilla de las Farc, y en 2020 atendió a Osorio, el reportero baleado, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Colinas, en Guaviare. Un año y medio después ella decidió participar en los talleres de periodismo. 

Los nuevos periodistas de Voces del Guayabero se suman a fundadores del medio como Edilson Álvarez en la tarea de seguir narrando los hechos de la región. Los desafíos, sin embargo, no son pocos. Además de la falta de respuesta de las autoridades sobre la investigación de las violaciones de derechos humanos, de la estigmatización y de la presencia de grupos armados ilegales, los reporteros comunitarios están dedicados también a otras actividades en el campo, a sus familias y al trabajo como líderes sociales. 

Según varias fuentes, la erradicación forzada continúa hasta hoy. En noviembre de 2022 se realizó un cerco humanitario en Lejanías, que terminó de forma pacífica tras la presencia de representantes del gobierno y la promesa de un diálogo. Este enero, sin embargo, hubo una nueva movilización en Lomalinda para exigir avances en las negociaciones sobre la judicialización de campesinos debido a la tala en zona de Parques Nacionales, la crianza de ganado en el área y los cultivos de uso ilícito. Mientras tanto, los pobladores y los reporteros de Voces del Guayabero aún esperan por una respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos tres años.   

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