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Educación y salud el reto de los mandatarios en los planes de desarrollo para garantizar la vida de los menores de La Guajira

Por: Betty Martínez Fajardo

Las cifras de distintos estudios realizados por organizaciones no gubernamentales y las desarrolladas por diferentes instancias del gobierno nacional, vuelven a colocar a los niños, niñas y adolescentes del departamento de La Guajira en un estado de vulnerabilidad frente a sus derechos en educación y salud que les garantice una vida digna.

Un recorrido por el extenso territorio del norte de La Guajira, y por los asentamientos que se han formado en las diferentes cabeceras municipales da cuenta del estado de pobreza de las familias donde los más sacrificados son los menores y los adolescentes a quienes no se les garantiza la educación ni la salud, en detrimento de ese crecimiento sano a que tienen derecho.

La situación es tan compleja, que los mínimos esfuerzos que realizan las instituciones no se reflejan en el bienestar de esas comunidades que terminan acostumbrándose a un estilo de vida de precariedades donde la salida para sobrevivir es la mendicidad, el robo, atracos y el sicariato.

En esa fotografía los menores y adolescentes son los mas sacrificados porque el Estado no ha encontrado la manera de protegerlos, les impiden un crecimiento de gozo donde sus sueños terminan en frustración, razones que deben ser suficientes para que estos nuevos gobiernos miren con otros ojos la situación.

Planes de Desarrollo

Si los planes de desarrollo territorial que deben guardar coherencia con las políticas y estrategias del nivel nacional es el instrumento de planificación con el cual las administraciones locales definen los programas y proyectos que ejecutarán durante sus cuatro años, se esperaría entonces que los niños, niñas y adolescentes sean los privilegiados en los sectores de educación y salud no como unos simples números sino con acciones concretas y aterrizadas que se puedan ejecutar en los cuatro años de gobierno.

En este caso, ya las administraciones surtieron los primeros pasos para la construcción de los Planes de Desarrollo como fue la realización de las mesas de trabajo, y la aprobación de los Consejos Territoriales ahora pasan a los concejos municipales y el departamental a la asamblea, para análisis y aprobación de los concejales y diputados.

El llamado entonces para que quienes representan a la comunidad de manera juiciosa estudien los planes y entreguen sus observaciones al gobernador Jairo Aguilar Deluque, y los 15 alcaldes, y que no pasen como unas simples personas que aprueban sin al menos dar las discusiones de rigor lejos de beneficios particulares.

Sobre el tema la Unicef, plantea que los Planes de Desarrollo Territorial que estarán formulando los nuevos alcaldes y gobernadores tienen la posibilidad de generar apuestas estratégicas para cumplirle a la niñez del país. Es necesario que toda la ciudadanía, las asambleas, los consejos y toda comunidad promuevan un compromiso decidido de los mandatarios con los derechos de la infancia y la adolescencia, y que en sus prioridades e inversiones se busque su desarrollo y atención integral y se les proteja contra cualquier forma de violencia o discriminación.

La inclusión de la niñez, como asunto prioritario de las políticas públicas, se hizo realidad en el año 2006, con la sanción del Código de Infancia y Adolescencia, que también señala que la inversión social para este grupo de la población debe ser garantizada. Y ¿cómo puede lograrse el cumplimiento de esta obligación?

– Asegurando que el plan de desarrollo presente un diagnóstico completo de la situación de la niñez en el territorio, entendiendo qué prioridades deben ser atendidas y qué programas y estrategias deben fortalecerse o desarrollarse.

– Estableciendo metas estratégicas para que todos los niños, niñas y adolescentes del territorio, sin excepción, accedan a atenciones integrales para el desarrollo de sus capacidades y sean protegidos de cualquier riesgo de afectación a sus derechos, como violencia, exclusión, discriminación.

 – Asegurando asignaciones de recursos financieros y presupuestos claros desde todos los sectores, y promoviendo la concurrencia entre recursos nacionales, locales, de regalías, del sector privado y de la cooperación.

 – Asegurando que existan indicadores claros de los resultados con los que podrán verse los avances de cobertura, calidad y acceso de la niñez y adolescencia a los servicios y atenciones básicos y a las rutas para su atención integral.

La Cepal estima que se requiere alcanzar un capital educativo básico de 12 años de estudio para salir de la pobreza. Sin embargo, Colombia7 está lejos de esta cifra. Bogotá, con el mayor logro, en promedio, llega a los 10,4 años de educación acumulada por personas, mientras que departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y La Guajira, muestran los desempeños más austeros sin alcanzar los 7 años de educación.

Según estos cálculos y ratificado por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 59,3% de las personas del país no culmina su bachillerato.

En ese sentido, la Unicef precisa que mantener a las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo se vislumbra como un gran reto que exige mirar, por qué se van, por qué no regresan, qué tanto incide el conflicto armado, la ruralidad, la pertinencia étnica, la calidad de la educación y, así, no descansar, hasta que el último niño y niña, desde su primera infancia permanezca en las aulas y culmine su bachillerato.

La siguiente tabla, muestra diversos indicadores multicausales, como la tasa de repitencia escolar que, a nivel nacional, se acerca al 6% de los estudiantes y que nos regresa con la reflexión sobre el alcance de los logros educativos. Por supuesto, hay diferencias por departamentos y dentro de ellos en sus municipios. Es muy importante mirar el número de estudiantes que desertan, antes de culminar el año para el que se matricularon; aquellos que no vuelven a matricularse al término del año y los que se considera que abandonan las aulas.

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