La situación de los niños y niñas wayús en La Guajira es alarmante, según denuncia el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien ha evidenciado una serie de falencias en el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación en la región, a pesar de la declaración de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional hace más de seis años.
Durante una reciente visita a distintos municipios guajiros, la Defensoría del Pueblo constató que los menores de cinco años no han recibido atención integral por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde diciembre de 2023, lo que ha generado casos de desnutrición y bajo peso entre la población infantil.
“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayuu empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, observó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no tiene la cobertura necesaria y no se adecúa a las costumbres de la comunidad Wayú.
“Niños wayuu entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclamó Camargo Assis.
En materia educativa, se detectó deficiencias en la entrega de kits educativos y problemas de acceso a la educación secundaria debido a la lejanía de los centros educativos y la falta de transporte adecuado.
En cuanto a la salud, las comunidades indígenas enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos, ya que deben desplazarse largas distancias hasta centros urbanos y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Las brigadas de salud, que solo se realizan una vez al año, no son suficientes para cubrir las necesidades de la población.
Adicionalmente, la falta de suministro de agua potable y la entrega insuficiente a través de carrotanques agravan la crisis humanitaria en la región.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que tomen medidas definitivas que permitan solucionar estas problemáticas y den cumplimiento a lo establecido en la Sentencia T-302 de 2017.
