En Riohacha, en el mes de octubre estará sesionando la Corte Constitucional, para verificar las acciones que seguirá el gobierno nacional y los entes territoriales en el cumplimiento del fallo donde ordenó medidas adicionales mínimas para superar el estado de cosas inconstitucional, confirmó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, es una audiencia que presidió en la capital de La Guajira.
Expresó, que existe una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes wayuu de la media y alta Media Guajira, y un abandono total del Estado Colombiano, donde las autoridades públicas han sido inferiores a sus responsabilidades en todos los niveles territoriales.
Puntualizó que los actos de corrupción son evidentes en el territorio, y pidió a la comunidad seguir denunciando, porque pueden confiar en el trabajo que realizan para castigar a los funcionarios públicos que se han dedicado a feriar los recursos del Estado.
El Procurador, escucho durante varias horas denuncias de representantes de las comunidades indígenas, sobre deficiencias en el servicio de transporte y alimentación escolar, salud, despojo de tierras, falta de acceso al agua, seguridad alimentaria, y empleo.
El alto funcionario, dijo que las instituciones del gobierno nacional, la administración departamental, los entes territoriales y la comunidad, deben armar un plan de acción en una sola dirección que contemple las respuestas a las inquietudes de la Corte Constitucional, donde la Defensoría del Pueblo cumplirá con su tarea de hacerle seguimiento a los compromisos.
“Los servidores públicos deben responder a esas ausencias, a ese déficit, y a esas violaciones permanentes de los derechos de los ciudadanos en esta región”, dijo.
Aseguró, que el territorio de La Guajira, no es solo víctima del abandono sino que ha sido exfoliado por la corrupción, y donde los ciudadanos tienen una gran responsabilidad.
