Por: Betty Martínez Fajardo
Ciento 81 lugares que conforman puntos geográficos y culturales ancestrales del pueblo wayuu, podrían ser expropiadas amparados en el decreto 0514 de 2026 sobre la línea negra expedido por el gobierno nacional.
La situación ha generado serios cuestionamientos por parte de las comunidades wayuu de La Guajira, que no comparten como el gobierno del presidente Gustavo Petro, está tomando medidas que afecta el territorio.
El decreto desconoce la territorialidad y los derechos del pueblo wayuu considerado como el único marítimo de Colombia, como lo indica el antropólogo Weildler Guerra Curvelo.
Expresa que los wayuu navegan, bucean, conocen el mar, los fondos marinos, y aprovechan sus recursos como la sal, la pesca lo que contrasta con el decreto expedido por el gobierno nacional que no reconoce los lugares sagrados de los wayuu, y los derechos de la comunidad wayuu sobre el mar sino que se lo adjudican a otros pueblos.
El lugar más sacrificado es Buenavista jurisdicción de Manaure donde le quitan mar, la Punta de La Vela, Popoya, el delta del Ranchería que abarca El Pasito, Cangrejito, Pancho y otras.
Las autoridades tradicionales están solicitando al gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, a los alcaldes de Riohacha, Manaure, y Dibulla los más afectados por la expedición del decreto que lo estudien detenidamente para que inicien el trabajo de defensa legal porque se está atentando contra la autonomía territorial del pueblo wayuu.
Es importante recordar que las Autoridades Indígenas Wayuu, reunidas en Asamblea Autónoma el 30 de abril de 2026, en el territorio ancestral del Distrito de Riohacha, presentaron formalmente ante el Gobierno Nacional y los entes de control del Estado un Pronunciamiento y Petitorio en el que rechazan el texto y el procedimiento del nuevo Decreto del Gobierno Petro sobre la “Línea Negra” que busca ampliar ilegalmente el territorio de la Sierra Nevada. El documento fue radicado el 15 de mayo de 2026.
En el documento, precisan que a pesar de la sentencia del Consejo de Estado, el gobierno del presidente Gustavo Petro, impulsó un nuevo decreto de «Línea Negra» que retoma los mismos 348 sitios y espacios del decreto nulo, incluyendo 181 puntos sobre territorios ancestrales Wayuu en el departamento de La Guajira.
En ese sentido, las autoridades Wayuu denuncian que ese nuevo instrumento normativo se tramitó mediante una «Consulta Previa Exprés Atípica» con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada (Wiwa, Arhuaco, Kogui y Kankuamo), quienes no son titulares ni tienen competencia sobre los territorios Wayuu en La Guajira.
Advierten que se transfieren funciones y competencia de gobierno, territorio y recursos naturales a las autoridades indígenas de la Sierra Nevada sobre territorios que pertenecen al Pueblo Wayuu, así como sobre las playas públicas de Dibulla, Riohacha y Manaure, violando los principios de autodeterminación y autonomía reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política que consagra a los resguardos y los bienes públicos como inalienables, imprescriptibles e inembargables, además de regulados por el Código Civil y otras normas de mayor jerarquía.
Al tiempo que se desconoce abiertamente lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2026, lo que podría constituir fraude a resolución judicial, prevaricato y falsedad ideológica en documento público.
En ese mismo sentido, precisan las autoridades indígena wayuu que se utilizó la cartografía del IGAC que nació vinculada al artículo 11° del Decreto nulo 1500 de 2018, la cual perdió su fuerza normativa por mandato del principio jurídico «lo accesorio corre la suerte de lo principal».
Puntualizan que con ese decreto ordinario el presidente Gustavo Petro, desconoce los principios de Primacía de la Constitución, jerarquía normativa, unidad de materia y consulta previa.
Peticiones
En el documento, las Autoridades Indígenas Wayuu elevan peticiones concretas al Presidente de la República Gustavo Petro, exigiéndole el retiro inmediato de los 348 sitios y espacios de la cartografía oficial del IGAC y de su página web, en cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado.
Además de suspender el proceso de Consulta Previa Exprés del nuevo decreto de “Línea Negra” hasta tanto no se garantice la participación real y vinculante del Pueblo Wayuu.
Así como desplegar acciones disciplinarias, fiscales y penales preventivas frente a los funcionarios del IGAC, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República que están desconociendo los efectos de la nulidad judicial.
El documento fue enviado también al Consejo de Estado, al Procurador General Juan Gregorio Eljach Pacheco, a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, a la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz y al director general del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales.
Cabe recordar que el pasado 12 de febrero de 2026 el Consejo de Estado declaró nulo el decreto 1500 de 2018, expedido por el expresidente Juan Manuel Santos, debido a presuntas fallas relacionadas con la consulta previa a las comunidades wayuu afrodescendientes de La Guajira, donde se incorporaron más de 180 sitios y espacios considerados sagrados sobre territorios ancestrales mediante cartografía elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
