Por: Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
Para mantener la dinámica actual de la sociedad de consumo, se ha requerido de la explotación intensiva de recursos naturales y con ello se ha incrementado la demanda de energía que se destina a la producción industrial. Por ello los conflictos ambientales aparacen con mayor rigor en las agendas de los gobernantes, lo que se ha masificado por los efectos que se hacen presentes como resultado del cambio climático.
Departamentos como el Cesar y La Guajira, están inmersos en este contexto lo que se ha manifestado desde hace varios años en demandas judiciales de carácter local, con el objeto de ponerle frontera a las actividades extractivas que se realizar en diferentes zonas calificadas ambientalmente vulnerables, en donde las comunidades solicitan ser compensadas por el uso de los recursos hídricos y la deforestación de las zonas dedicada a la minería.
Organizaciones como Pensamiento y Acción Social (PAS), CAJAR y FUCAI con el grupo de Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 de 2017, han focalizado parte de su trabajo en estos problemas y por ello se recorren las trochas del Cesar y La Guajira trabajando con las comunidades en la construcción de paz, justicia ambiental y económica, promoción, protección y defensa de derechos humanos.
Gracias a la cooperación internacional, de manera progresiva se han venido logrando pequeños, pero significativos cambios locales. Bajo el interés común, hace un mes aproximadamente, lograron unirse y recorrer juntos el territorio, de los dos departamentos. En la comunidad del Hatillo, en El Paso Cesar, las dinámicas locales están determinadas por los procesos de negociación con las empresas extractivistas presentes en su territorio como Drummond, Colombian Natural Resources y Glencore con su filial PRODECO, donde PAS pudo evidenciar las diferencias entre las multinacionales y las comunidades afectadas por el accionar empresarial.
“PAS busca contribuir para que las comunidades campesinas e indígenas estén en mejores condiciones para afrontar los conflictos socio-ambientales generados por las compañías y busca garantizar con ello, los derechos que tienen a la tierra, el territorio, el ambiente, mediante el acceso a la información y el fortalecimiento de su gobernanza territorial y el desarrollo de las acciones de exigibilidad”.
Con su apoyo las comunidades lograron un precedente de negociación antes las afectaciones por extracción de minerales en el país, con la construcción y concertación de un plan de acción de reasentamiento. Lo que se quiere con este tipo de Intervenciones territoriales es contribuir a que las comunidades afectadas fortalezcan sus capacidades para definir, gestionar y llevar a cabo estrategias de gobernanza frente a las amenazas orientadas a la protección del territorio.
En la Media La Guajira y específicamente en la parte media de la Cuenca del Rio Ranchería, el colectivo de abogados CAJAR han venido acompañando un procesos jurídico en las comunidades afectadas por la explotación de carbón, a través del fortalecimiento organizativo y acciones de incidencia política con el fin de limitar la ampliación de la frontera extractiva, lograr la reparación de comunidades afectadas por la minería y el reconocimiento de los daños cometidos por parte de las empresas.
“Se espera que se haga una transición energética justa, lo que significa que no se repliquen practicas violatorias de DDHH por parte de las empresas que intervienen en el territorio para implementar proyectos de energía solar, así como una compresión de materiales críticos relacionados con los proyectos de transición “ afirma CAJAR.
Uno de los logros alcanzados por esta organización es la Sentencia SU – 698 de 2017 a través de la cual, consiguieron suspender el avance del tajo La Puente de la mina de Carbones del Cerrejón. Con la Sentencia la T-604 de 2019, lograron evidenciar los graves daños a la salud y la situation de riesgo en la que viven las comunidades aledañas a los tajos mineros. Un accionar de años que lograron materializar y sistematizar analizando el trabajo del colectivo frente a las respuestas del estado colombiano que se expresaron en “cuando la impunidad se vuelve paisaje, 12 ejemplos de impunidad corporativa de las multinacionales del carbón en La Guajira”.
Por su parte la fundación FUCAI, con el grupo de Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, ha liderado un trabajo técnico y estructurado para verificar el grado de cumplimiento de la Sentencia T302 de 2017, que busca garantizar la vida de los niños wayuu a través de 8 objetivos para que el departamento de La Guajira supere el estado de cosas inconstitucional.
“Este ha sido un trabajo permanente, del día a día, de incidencia, verificación, comprobación en territorio; se trata de ver a los ojos a las comunidades indígenas, comprender sus necesidades y articular las acciones necesarias para que se produzcan los cambios en el menor tiempo posible” Pero no ha sido fácil por todas las dinámicas regionales, los cambios de gobiernos, la lentitud de los procesos y las solicitudes de prórrogas y plazos, que no han permitido tener una fecha clara para la presentación de un plan de acción que impulse el cumplimiento de la Sentencia.
Las organizaciones PAS, CAJAR y FUCAI están convencidas de que con la unión se hace la fuerza para construir un proceso confiable que se puede replicar en las comunidades que viven los mismos conflictos y que no cuentan con las herramientas para gestionar y reivindicar sus derechos..
Para generar este tipo de cambios se necesita apalancar procesos endógenos, brindar información y acompañar técnicamente a las comunidades, líderes y autoridades para que logren tener el impulso que necesitan. “Trabajar de manera conjunta nos permite visibilizar las problemáticas de manera integral, ya que La Guajira no es un departamento fragmentado, y se encuentra articulado por los ecosistemas y cuerpos de agua superficial y subterránea, los conflictos que se presentan con el extractivismo en el sur de La Guajira afectando la vida en el norte de la península” como afirma CAJAR.
La articulación también busca una incidencia nacional e internacional que permita visibilizar los daños ambientales donde ocurren, los ecosistemas estratégicos y los impactos de las empresas extractivas. Esto implica crear políticas que obliguen a que las empresas existentes y las nuevas que están penetrando territorialmente, respeten los derechos humanos en su conjunto y no se sacrifique el departamento, para generar ganancias a unos pocos, sin ningún tipo de avance social local y económico.
De igual manera, es importante analizar y evaluar los impactos del consumo internacional de energías fósiles en las comunidades indígenas, negras y campesinas que viven en las zonas de extracción y lograr la transición justa a las energías limpias en el menor tiempo posible.
Los conflictos ambientales y la necesidad de avanzar socialmente en esta subregión del Caribe colombiano, ha propiciado la unidad de acción y la comunión de intereses que buscan jalonar el progreso desde diferentes ámbitos pero surgiendo de las mismas bases, que es la garantía de derechos para las personas y comunidades que la habitan y que luchan diariamente por vivir en el territorio, muy a pesar de que actores internos y externos le modifican su entorno y los ponen en riesgo de desaparecer.
