Cuarenta mil millones de pesos, invertirá el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la construcción de 34 nuevas pilas públicas, ubicadas en los municipios de Uribia y Manaure, para lo cual el Plan Departamental de Agua de La Guajira abrió el proceso LP-AT-APSB-004-2021.
A través del proceso de licitación se busca garantizar la contratación de proponentes para la construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable mediante el esquema de Pilas Públicas para las comunidades de Panchomana, ubicadas en el municipio de Manaure, y Poropo, Guayabal, Puerto Virgen, Siapana y Bahía Hondita, en el municipio de Uribia.
El objeto de la contratación corresponde a la construcción de las obras en el punto de producción, al sistema de tratamiento de ósmosis inversa, a la construcción de pilas aferentes, al suministro de dotación para las pilas y a la puesta en marcha, que, además, se complementan con el componente social y el aseguramiento en las comunidades mencionadas.
“A la fecha hay 25.903 indígenas Wayúu que se benefician con agua potable a través de los módulos de pilas públicas de Casa Azul, en Manaure; Wimpeshi, en Maicao; Uribia y Sararao, en Maicao, y Amalipa, en Maicao y Uribia”, dijo el viceministro de agua y saneamiento básico, Jose Acero, quien agregó que pronto entrará en operación el módulo de pilas públicas de Romonero, en Riohacha, que cuenta con cinco pilas aferentes.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico de la zona, la densidad de población dentro del perímetro del resguardo de la alta y media Guajira es muy baja; así mismo, las rancherías de la región cuentan con limitaciones técnicas, financieras, sociales y ambientales para atender la población con agua potable de manera convencional domiciliaria o individual por comunidad, razón por la cual se implementará lo definido en el Decreto 1898 del 23 de noviembre de 2016, en relación a los esquemas diferenciales, con la prestación del servicio de acueducto mediante pilas públicas.
Los proyectos que se adjudicarán tendrán un plazo máximo estimado de ejecución de trece meses calendario contados a partir de la firma del acta de inicio; además, cada uno de los proyectos que se contemplan dentro de este proceso licitatorio tiene previsto un componente de obra civil en un plazo máximo de siete meses, al que se suman la puesta en marcha, con un plazo máximo de ejecución de seis meses; el aseguramiento a la prestación del servicio, y un impacto social, cuya ejecución debe hacerse durante el plazo establecido.
