Los exalcaldes del Distrito de Riohacha, Juan Carlos Suaza Móvil y José Ramiro Bermúdez Cotes, fueron sancionados con el pago correspondiente a 10 meses de salarios devengado en los años 2019 y 2023 que corresponden a sus periodos de gobierno.
La sanción tiene que ver con irregularidades en el proyecto de construcción del pavimento flexible y expansión de redes en la comuna 10.
Cabe destacar que la obra fue financiada con recursos de regalías por $ 28.039.276.114 millones. El fallo corresponde a una primera instancia
En ese sentido, la Procuraduría General evidenció que los disciplinados, omitieron los trámites legales en las secretarias y oficinas respectivas para la adquisición de los inmuebles que impedían la conexión entre la carrera 12c y la calle 40 para la ejecución del bilateral según lo establecido. https://www.tuuputchika.com/procuraduria-inhabilita-y-destituye-por-12-anos-al-exalcalde-de-riohacha-jose-ramiro-bermudez-y-tres-funcionarios-mas/
El proyecto
En ese mismo sentido, el ente de control confirmó las deficientes gestiones de los disciplinados en sus respectivos periodos para obtener los predios que impedían y obstruían la intervención en el sector y tramo que estaba contemplado en el proyecto.
Cabe destacar que la obra estuvo suspendida aproximadamente por 4 años entre mayo de 2019 y diciembre de 2023; a la fecha, no hay evidencia de la compra de las viviendas de la zona.
Por tanto, la conducta omisiva de los funcionarios e incumplimiento en sus responsabilidades y compromisos desencadenó una sanción a la entidad territorial para la devolución de los recursos subutilizados por los administradores.
De esa manera, el organismo de control corroboró que los exmandatarios locales, en sus etapas de gobierno, tampoco gestionaron la adición de los recursos necesarios para continuar con la interventoría del negocio jurídico suscrito con el contrato 160 de 2017 con la firma INTERTECNICINCO.
Cabe destacar que el ente de control comprobó que los funcionarios públicos vulneraron los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo que el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como grave, a título de culpa grave.
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