El Consejo de Estado revocó la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, sobre un fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación que inhabilitaba y suspendía por 12 años al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, para ejercer cargos publicos, lo que le permitió reintegrarse como primera autoridad del Distrito. En el fallo también se declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional.
Los Magistrados consideran que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para lograr la protección de los derechos en atención a que se trata de un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existen otros recursos o medios de defensa judicial idóneos y eficaces que permitan proteger los intereses de los afectados, salvo que se autorice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual como quedó expuesto primero debe ser objeto de análisis por parte del juez ordinario a través de las medidas cautelares.
