Por: Cesar Arismendi Morales
La desigualdad económica sigue siendo una herida abierta en Colombia, con un coeficiente de Gini que se mantuvo en 0,551 en 2024, según datos del DANE.
Este indicador, donde 0 significa igualdad perfecta y 1 representa la máxima desigualdad, coloca al país entre los más desiguales de América Latina, superando con creces a naciones como Argentina (0,42) y Chile (0,46).
En el contexto nacional, destaca Riohacha, con un índice de 0,564, lo que la convierte en la ciudad más desigual del país, seguida de Quibdó (0,531) y Cartagena (0,525).
Este panorama contrasta con los avances en la reducción de la pobreza monetaria en Colombia, donde más de 1,2 millones de personas han logrado superar esta situación a partir de subsidios, lo que demuestra que el crecimiento económico no siempre se traduce en una mejor distribución de la riqueza.
Las raíces de la alta desigualdad en el país son profundas y complejas. Colombia arrastra una histórica concentración de activos productivos, especialmente tierras, junto con un sistema tributario que ha sido tradicionalmente regresivo, gravando más el consumo que las rentas altas y el capital.
El mercado laboral, marcado por altas tasas de informalidad (que superan el 60% en algunas regiones) y una notable brecha salarial vinculada a los bajos niveles educativos, refuerza esta dinámica negativa.
Además, el conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos que han profundizado las trampas de pobreza regional y han afectado la movilidad social, creando círculos viciosos de exclusión que se transmiten de generación en generación.
En el caso particular de Riohacha, se entrelazan factores geográficos, institucionales y socioeconómicos que explican su notable desigualdad.
La ciudad muestra una clara segregación espacial, donde proliferan asentamientos informales en áreas con alta vulnerabilidad a inundaciones, especialmente en barrios con viviendas de bahareque y suelos que albergan a una población desplazada.
La debilidad institucional del Distrito se hace evidente en su incapacidad para abordar problemas estructurales, como el ineficiente sistema de acueducto y alcantarillado, la falta de mantenimiento de desagües naturales y la permisividad de urbanizaciones ilegales en zonas de amortiguamiento hídrico.
Además, la escasa diversificación económica, con poco valor agregado en sectores como el turismo y la pesca, condena a gran parte de la población a vivir en economías de subsistencia sin protección social.
La discriminación y el racismo son factores sociales clave en Riohacha. La ciudad alberga una significativa población wayuu que enfrenta barreras estructurales para acceder a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades laborales formales.
Esta discriminación sistémica se refleja en indicadores de desarrollo humano que son considerablemente inferiores a los promedios urbanos, perpetuando así la exclusión.
Las recurrentes emergencias por inundaciones, como las que ocurrieron durante la ola invernal del 2010-2011, afectaron de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, arrasando con sus frágiles activos y acentuando su desventaja económica.
La falta de seguros y de mecanismos de protección social efectivos convierte cada desastre natural en un paso atrás en la lucha contra las desigualdades.
Sin embargo, no todo está perdido; hay soluciones que se pueden construir y abordar con conocimiento, habilidades y determinación.
Colombia necesita reformas estructurales que ataquen las raíces de la concentración de la riqueza. Es esencial implementar una política fiscal progresiva, donde la carga tributaria se desplace del consumo hacia las rentas altas, herencias y ganancias de capital, junto con una expansión significativa de los programas de transferencias o subsidios condicionados.
Al mismo tiempo, el Banco de la República, en un contexto de baja incertidumbre fiscal, debe equilibrar su mandato de control inflacionario con objetivos de crecimiento inclusivo, reduciendo las tasas de interés reales para fomentar el crédito productivo en lugar de favorecer la rentabilidad financiera.
Invertir en capital humano es fundamental, especialmente en educación técnica y superior de calidad y relevancia regional, ya que los retornos educativos han demostrado su incidencia en la reducción de desigualdades logradas en la década previa a la pandemia.
Además, es fundamental implementar políticas laborales activas que ayuden a reducir la informalidad. Esto se puede lograr a través de una simplificación administrativa, incentivos para la formalización y un fortalecimiento de la inspección laboral.
También son esenciales los programas de desarrollo rural integral que ofrezcan acceso a tierra, tecnología y mercados para pequeños productores, especialmente, en aquellas regiones periféricas que han sido históricamente olvidadas.
La experiencia internacional nos muestra que al combinar herramientas como la fiscalidad progresiva, una educación de calidad, la formalización laboral y el desarrollo rural, se puede lograr una reducción significativa del coeficiente de Gini, como lo evidencian los casos de Uruguay y Costa Rica, aunque esto requiere un compromiso político que trascienda los ciclos electorales.
En el caso de Riohacha, las autoridades locales tienen un papel importante que desempeñar. La Gobernación de La Guajira y la Alcaldía Municipal deben enfocarse en un plan integral para proteger las viviendas más vulnerables que han sido identificadas en estudios técnicos.
Al mismo tiempo, es necesario promover una política de vivienda digna que garantice la seguridad en la tenencia, mejorando los materiales de construcción en asentamientos informales a través de subsidios específicos y asistencia técnica.
El turismo comunitario regulado también puede ser una opción viable, siempre que se aseguren encadenamientos productivos locales y empleo formal para los residentes, evitando modelos extractivos que concentran los beneficios.
La implementación de estas medidas también requiere fortalecer las capacidades de las instituciones locales. Crear sistemas de información unificados que permitan dirigir los programas sociales de manera precisa, junto con métodos innovadores para involucrar a la comunidad en el diseño y seguimiento de políticas, puede aumentar la efectividad en la redistribución.
El verdadero reto para Colombia, y en particular para Riohacha, es convertir la reducción de la desigualdad de un simple discurso a una práctica constante, entendiendo que sin equidad no habrá desarrollo sostenible ni paz duradera.
El coeficiente de Gini no son solo números: representan vidas truncadas y un potencial desperdiciado en una nación y un distrito que merecen superar estos alarmantes indicadores de desigualdad e inequidad.
