El reciente pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego, respecto a la posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para frenar la expansión de cultivos ilícitos, plantea un debate de gran relevancia para el país.
Si bien el argumento central se basa en proteger la vida de los uniformados y acelerar los procesos de erradicación, persisten serias dudas sobre los impactos ambientales y sociales que esta práctica generaría, especialmente en territorios frágiles como La Guajira.
Desde una perspectiva ambiental, el glifosato se caracteriza por su alta residualidad y concentración del ingrediente activo, lo que ocasiona contaminación del suelo, alteración de su microbiota, pérdida de fertilidad y afectación a fuentes hídricas superficiales y subterráneas.
En el caso de La Guajira, donde los suelos ya presentan limitaciones en materia orgánica, alta erosión y baja disponibilidad de agua, el uso de este herbicida podría profundizar la degradación ambiental y comprometer la sostenibilidad de proyectos productivos legales.
Aunque el Gobierno sostiene que la tecnología moderna —incluyendo drones y menores dosis— disminuye los riesgos, la ciencia ha demostrado que los impactos negativos del glifosato persisten, independientemente del método de aplicación. Así, incluso con volúmenes bajos, los ecosistemas áridos y semiáridos de La Guajira sufrirían consecuencias graves y duraderas.
En términos sociales, la aspersión aérea genera desconfianza en las comunidades, ya que no diferencia entre cultivos lícitos e ilícitos, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria y la economía de familias campesinas e indígenas.
Esto podría profundizar la conflictividad social y debilitar los procesos de sustitución voluntaria de cultivos, que son clave para construir soluciones sostenibles al problema del narcotráfico.
En conclusión, aunque la intención del Gobierno de proteger a los uniformados es legítima, retomar la aspersión aérea con glifosato sería un retroceso para Colombia, ya que atenta contra el suelo, el agua y la biodiversidad, pilares fundamentales para el desarrollo rural. En el entorno de La Guajira, esta práctica sería aún más dañina debido a la fragilidad de sus ecosistemas.
La solución real no está en los herbicidas, sino en el fortalecimiento de la presencia estatal, la inversión en proyectos productivos alternativos, la educación ambiental y el desarrollo rural integral, que permitan a las comunidades superar la dependencia de los cultivos ilícitos sin sacrificar su territorio, ni su futuro.
