La obra tiene que ver con el proyecto de alcantarillado y pavimento flexible en la comuna diez del Distrito de Riohacha.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el saliente alcalde de Riohacha (2020 – 2023), Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde Juan Carlos Suaza (2018 -2019) por presuntas irregularidades en el proyecto para llevar alcantarillado y pavimento flexible a más de 10.000 habitantes de la Comuna 10 de esa ciudad.
El Ministerio Público pudo verificar en su investigación, deficiencias técnicas en los estudios y diseños del proyecto que habrían generado un retraso de seis años en la ejecución, a pesar de haber sido advertidas previamente.
También que varias actividades nuevas, no aprobadas en el proyecto inicial, como la reparación de conexiones domiciliarias de acueducto y gas natural, obras de drenaje y dificultades en la expropiación o compra de varios predios necesarios para dar continuidad a la instalación de las redes, han ocasionado sobrecostos y demoras.
Desde que comenzó a ejecutarse, en diciembre de 2017, el proyecto ha tenido cuatro adiciones en tiempo y una suspensión preventiva de giros por parte del Departamento Nacional de Planeación, lo que ha causado que a la fecha presente un avance físico de apenas 53.23%.
“Considera el despacho que dentro de la actuación obran suficientes pruebas de cuyo análisis se puede establecer la existencia de posibles conductas irregulares constitutivas de falta disciplinaria y presunta responsabilidad en la comisión del comportamiento enunciado”, se advierte en el Auto.
Los cargos formulados contra los funcionarios en mención, están relacionados con la posible omisión de funciones al no haber adelantado los trámites necesarios para la expropiación o compra de predios y adición de recursos para la interventoría y así garantizar la culminación de las obras, entre otros, calificadas provisionalmente como Graves a título de Culpa Grave.
La Procuraduría General de la Nación trabaja para garantizar que los servidores públicos encargados de administrar los recursos del Sistema General de Regalías, lo hagan de manera transparente y eficiente, en beneficios de la ciudadanía.
