La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Gobernación de La Guajira y otros por establecer, por una presunta deficiencia en la prestación del servicio de transporte escolar étnico y rural en 12 municipios del departamento.
La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira indaga las razones por las cuales el servicio solo se brinda de manera parcial, a pesar de que el calendario escolar se inició hace tres meses, situación que afecta a los niños que viven en áreas rurales que han tenido que desplazarse a pie para asistir a los centros educativos.
El órgano de control busca, igualmente, establecer si la falta de vehículos pudo ser un factor que generó la mora, y si esa situación pudo ser evitada por la administración departamental.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó información sobre el número de estudiantes que a la fecha reciben efectivamente el servicio, así como el estado de ejecución de los contratos suscritos para garantizar su transporte.
Igualmente, se requirió información sobre las acciones adoptadas por la gobernación para superar las dificultades presentadas, situación que ha generado protestas reiteradas de padres de familia, docentes y de la comunidad en general que reclaman condiciones dignas para el desplazamiento de los niños.
La indagación se inició sobre los 12 municipios no certificados del departamento, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
