En el año 2021, 32 niños y niñas menores de cinco años de la etnia wayuu, murieron en La Guajira por factores asociados a la desnutrición y a acceso limitado al agua potable, así lo confirmó la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe mundial del 2022.
En el capítulo sobre derechos indígenas, la organización de derechos humanos, expresó que las acciones inadecuadas del gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, agua y alimentos, además del confinamiento por el Covid-19, han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus.
Además, que las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos.
En ese sentido, cabe indicar que la sentencia T 302 de 2017, de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, y tiene como objetivo que el gobierno colombiano, la gobernación de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de Riohacha garanticen la vida de los menores wayuu brindándoles acceso a los programas de salud, educación, alimentación y agua potable.
Pasados cuatro años, la sentencia no se cumple, como lo determinó la propia Corte Constitucional en sesión del pasado 4 de junio del 2021 en el seguimiento a la misma, y una inspección judicial realizada el 24 de septiembre.
En su momento, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, expresó: «la subinclusión revela cómo las comunidades indígenas han sido abandonadas e invisibilizadas. Esta exclusión ha impulsado la desaparición de su cultura. No como un accidente histórico, sino como una práctica enseñada para ocupar su espacio».
El nuevo llamado de atención de la Corte Constitucional, propició a mediados de diciembre del 2021, que el gobierno departamental retomara el diálogo con las comunidades indígenas para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
