El Obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos Escobar, solicitó de manera urgente a los Magistrados de la Corte Constitucional, a mover voluntades y a tomar las medidas legales a que haya lugar a fin de obtener resultados en la disminución de la muerte de niños wayuu por factores asociados a la desnutrición.
En la carta enviada, el prelado de la iglesia católica en La Guajira, advierte que es urgente frenar cualquier estado o riesgo de desnutrición de un menor o madre gestante en Colombia y en especial, en la península de La Guajira, donde los niños ya no tienen un tiempo de espera.
«Es indispensable detener los plazos concedidos para la presentación de un plan de acción que permitan obras que salven vidas de manera permanente, definitiva, universal y con sostenibilidad en el tiempo», expresó en la comunicación.
Puntualiza, que es lamentable la situación si se tiene presente que el hambre en un flagelo que se ha extendido en la región por más de una decada, y el cual podría erradicarse de contar con la voluntad institucional, un plan articulado de políticas públicas que lleve a las comunidades soluciones a corto, mediano y largo plazo y una acción más sistemática y seria por parte de las entidades de supervisión, seguimiento y control y así superar el estado de cosas inconstitucionales que se mantiene inamovible hasta el día de hoy.
En el relato a los Magistrados de la Corte Constitucional, el Obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos Escobar, precisa que durante los 9 meses de este año han fallecido 26 menores, lo que representa el 22,6%. Además, de la información del Defensor del Pueblo, que indicó que entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de este 2020, ocho niños y niñas menores de cinco años murieron por causas relacionadas con la desnutrición.
Advierte además, que los informes de la Veeduría Ciudadana a la implementación de la sentencia T 302 de 2017, muestran con datos los mínimos avances y acciones desarticuladas y poco eficientes de varias entidades responsables y la poca efectividad de los informes de las entidades de supervisión y seguimiento, lo mismo que el estado de los pozos perforados, y la insuficiencia de la cobertura de las pilas públicas.
