En la más reciente sesión de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, destacó los avances clave en la ejecución de proyectos destinados a mejorar el acceso al agua potable en La Guajira.
Desde la declaración de estado de cosas inconstitucionales por parte de la Corte, enfocada en proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, se han implementado medidas concretas. Velasco Campuzano anunció que hasta la fecha, 91.532 personas han comenzado a beneficiarse del acceso a agua potable de calidad. Ecolicó que esto se ha logrado a través de la rehabilitación de 162 infraestructuras comunitarias, de las cuales 62 ya están completamente operativas.
La ministra también resaltó la inversión significativa realizada, que supera los $21.000 millones, para llevar a cabo estas mejoras fundamentales en La Guajira. Además, se destacó la apertura de un concurso público internacional para estructurar una solución definitiva en el suministro de agua potable para aproximadamente un millón de personas en el departamento.
Este concurso, con un presupuesto inicial de $28.851 millones, tiene como objetivo desarrollar una solución técnica, económica, legal, financiera, ambiental, predial y social para canalizar agua desde el embalse El Cercado del Río Ranchería hacia las regiones media y alta de La Guajira. El proyecto también incluirá la construcción de plantas de desalinización necesarias para asegurar un suministro sostenible de agua potable en la zona.
Según Velasco Campuzano, «contar con una solución estructural es fundamental para abordar las necesidades de agua en La Guajira», destacando la importancia de este concurso de méritos para lograr dicho objetivo.
Los esfuerzos del Ministerio de Vivienda fueron elogiados por diversos actores involucrados en el seguimiento de la sentencia T-302. Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira comentó que estas acciones representan un avance significativo hacia la resolución de uno de los problemas históricos más urgentes en la región.
Por su parte, José Fernando Reyes, presidente de la sala especial de seguimiento, afirmó que «las acciones tangibles presentadas por la Ministra y su equipo son prueba del compromiso real para mejorar las condiciones de vida en La Guajira».
El próximo 30 de julio se realizará la adjudicación del proyecto, con expectativas de iniciar obras que requerirán una inversión estimada de $2,3 billones y un desarrollo proyectado a seis años.
