Informe de la Defensoría del Pueblo
El 47.7% del total de las vulneraciones de derechos reportadas por los periodistas, a partir de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo que se extendió a todas las regiones del país, tiene como responsables a las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común.
El 21.2% indicó haber sido atacado por líderes políticos, el 13.2% manifestó sentir atacados sus derechos en el ejercicio de su labor por parte de miembros de las Fuerzas Militares, el 12% señaló que fue blanco de comentarios hechos por personas que forman parte de entidades públicas y el 8% denunció haber sufrido vulneraciones por su empleador.
De los encuestados, el 36% manifestó amenazas contra su vida e integridad; el 37%, contra sus derechos a informar y expresarse; el 17%, contra su integridad psicológica, moral y buen nombre; el 10%, contra sus derechos económicos y contractuales.
La intimidación verbal fue el mecanismo más utilizado, dijo el 37.4% de los encuestados; la amenaza telefónica fue el segundo mecanismo, con el 23%, y el 21.4% sostuvo haber sido amenazado a través de las redes sociales. (Ver documento)
El estudio da cuenta de un entorno cada vez más hostil para los periodistas y comunicadores sociales, ya que ven su labor constantemente amenazada. Enfrentan numerosos desafíos que ponen en riesgo su integridad, sus derechos laborales y la calidad de la información que brindan al público.
Sus victimarios buscan silenciarlos y restringir la libertad de prensa, razón por la que la Defensoría del Pueblo insta a los grupos armados al margen de la ley y a todo aquel que quiera bloquear el trabajo de los periodistas a respetar sus derechos humanos, su derecho a informar, a no censurarlos, a no obligarlos a la autocensura, pues su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
El respeto a los periodistas es compromiso de todos
Adicionalmente, los actores con responsabilidades políticas y la ciudadanía en general, incluidos los generadores de opinión, deben respetar el libre ejercicio de la prensa —medios de comunicación tradicionales, nacionales, regionales, locales, no tradicionales, comunitarios, digitales, en todos sus formatos— y a quienes forman parte de ella desde su rol como comunicadores. Es preciso respetarlos y promover su protección.
Cualquier forma de violencia, intimidación o represalia contra quienes ejercen el periodismo, incluidas aquellas personas que forman parte de ONG u organizaciones sociales encaminadas a proteger la libertad de expresión, debe ser erradicada por completo, sobre todo en una nación como Colombia, donde cada día la exacerbación de la polarización ha convertido las redes sociales en auténticos campos de batalla, en ‘buenos’ y ‘malos’ por el hecho de informar u opinar. Los entornos digitales deben ser espacios de debate respetuoso y constructivo, no plataformas para la violencia verbal y las amenazas.
Fomentar un ambiente de respeto y tolerancia desde los tuits, los hilos, los atriles, los micrófonos y los discursos hacia la libertad de información es otro de los llamados de la Defensoría desde su Delegada para la Protección de los Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.
La Flip
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (2023b), en el consolidado del año 2022 se registraron 218 agresiones contra periodistas, como amenazas, intimidaciones y ataques físicos. Además, se reportaron cuatro homicidios de comunicadores, lo que pone en evidencia el riesgo permanente al que se enfrentan.
En cuanto al seguimiento histórico, la FLIP (2021) publicó que entre enero y diciembre del 2020 fueron registradas 470 agresiones contra la prensa en Colombia. Estas agresiones incluyeron amenazas, intimidaciones, ataques físicos, detenciones arbitrarias y censura.
Además, durante esta anualidad fueron reportados siete homicidios de periodistas, lo que convirtió a Colombia en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina (FLIP, 2021).
Antes de cerrar el primer semestre del 2023, la FLIP (2023c) documentó 58 amenazas contra periodistas, ocurridas en 22 departamentos del país. Asimismo, indicó que “un periodista es amenazado cada dos días y en el 70% del país se ha amenazado al menos a una o un comunicador” (FLIP, 2023c).
Las zonas más recurrentes para este tipo de flagelos son Bogotá y los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño. No obstante, de acuerdo con la Fundación, las vulneraciones trascienden las fronteras espaciales y se ubican en el espectro digital, puesto que “veinte de las 58 amenazas en el 2023 fueron realizadas a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp” (FLIP, 2023c)
El panorama es aún más crudo si se tiene en cuenta que frente a los casos de violencia contra periodistas, el 86% de los casos registrados entre 1977 y 2020 aún permanecen en la impunidad (FLIP, 2023a). Esto crea un clima de miedo y vulnerabilidad para los comunicadores, quienes a menudo, según lo evidenciado en los datos recopilados en la encuesta, se enfrentan a amenazas provenientes de grupos armados ilegales (28,5%), narcotraficantes (11,9%) y otros actores que buscan silenciar la labor periodística.
