Por: Betty Martínez Fajardo
Ilustración: Tira cómica Mafalda, autor: Joaquín Salvador Lavado Tejón conocido bajo el seudónimo de Quino.
Tres situaciones diferentes de agresiones físicas y verbales a mujeres de distintas edades en menos de siete días en la ciudad de Riohacha, muestra el alto nivel de intolerancia en la capital de La Guajira.
Este fin de semana se presentaron dos hechos que debe generar en la administración distrital todo un análisis de lo que se vive en la ciudad, frente al comportamiento ciudadano.
Si bien generaron un repudio generalizado, en redes sociales se observa como algunas personas con comentarios irrespetuosos las estigmatizan lo que causa ciertos temores en las familias.
El miedo generalizado propio de la violencia que se vive en la ciudad, también invisibiliza de alguna manera el maltrato físico y verbal contra las mujeres de diferentes estrato social.
El viernes 9 de agosto en horas de la noche, fue asesinada en su residencia del barrio Luis Eduardo Cuellar, la señora Fidia Elena Rojano de Gutiérrez, de 74 años.
“Se encontraba en la sala de la vivienda viendo televisión cuando un sujeto abra la reja, ingresa a la casa y sin decir nada le dispara a su mujer”, ese fue el relato del esposo a la Policía.
Ese mismo día en un establecimiento ubicado en la circunvalar, un hombre agredió físicamente a una joven que se encontraba departiendo con dos amigas.
Este medio de información conoció que el agresor golpeó a la mujer en el rostro porque se opuso a sus pretensiones.
“Cómo le vas a pegar tú una persona que está sentada, que nunca se ha levantado de la silla, o sea 3 mujeres solas no pueden salir porque enseguida alguien te puede hacer algo o te a agredir”, expresó una testigo quien pidió reserva de su nombre.
Se conoció que las personas que se encontraban en el sitio de los hechos, intervinieron de manera inmediata lo que evitó lo que podría ser una tragedía.
El día 3 de agosto, en redes sociales circuló un video de un acto de agresión física contra una mujer por dos funcionarios adscritos al departamento de Policía de La Guajira. El hecho se presentó en la avenida circunvalar en la ciudad de Riohacha.
El caso fue denunciado a la fiscalía general de la Nación. El Comando de Policía informó que se abrió un proceso disciplinario el 29 de julio de 2024, para determinar con claridad las circunstancias que rodearon la conducta de los dos funcionarios implicados en la situación.
De acuerdo con información del Sistema Integrado de Información sobre violencias de género (Sivige), entre el 2020 y 2024 se registraron 194 casos de genero en La Guajira. En Riohacha los casos pasaron de 10 en el 2020 a 106 en 2023, y en el municipio de Maicao, los casos aumentaron de 85 en 2020 a 109 en 2023.
En el marco del proyecto “Tejiendo lazos y redes sostenibles por una vida de violencia “, surgido de un convenio de cooperación, ciencia, tecnología e innovación entre la gobernación de La Guajira y la universidad Simón Bolívar, información que se plasmó en el libro “Dinámicas de las violencias contra las mujeres en el departamento de La Guajira”, de la autoria de Dhayana Fernández Matos, se concluye por ejemplo que ciertas actitudes, creencias y prácticas de los funcionarios públicos perpetuan las violencias contra las mujeres y favorecen la impunidad, lo que se conoce como tolerancia institucional.
Se precisa en el documento que 1 de 4 servidores públicos entrevistados correspondientes al 25% del total, considera que las mujeres golpeadas se mantiene en una relación violenta porque les gusta ser maltratadas.
“Esto se evidencia en hechos como responsabilizarlas por lo sucedido, evaluar su comportamiento sexual, tomar decisiones con base en prejuicios y estereotipos de género, ser parte del llamado “paseo institucional, entre otros aspectos que deben ser atendidos y solucionados”, se indica en el investigación.
En el documento, se precisa que casi 4 de cada 10 personas entrevistadas que representan un 39%, consideran que “los problemas familiares sólo deben discutirse con miembros de la familias y 16% esta de acuerdo con que lo que pasa en el espacio privado no es responsabilidad de las instituciones”.
De acuerdo con el observatorio de igualdad de género de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2019 y 2022 se documentaron 325 delitos sexuales en La Guajira que incluyen desde acoso verbal hasta penetración forzada, violencias en su mayoría ejercidas por personas cercanas a la víctima como parejas, ex, familiares, amigos y conocidos.
A esto se suma que, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en La Guajira, desde 2019, se han atendido al menos 250 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: 45 por ciento migrantes, 14 por ciento indígenas y 88 por ciento niñas.
