El Juzgado de Familia del Circuito de Maicao, concedió el amparo de tutela promovida por el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar contra el Juzgado Segundo Promiscuo municipal de la ciudad fronteriza, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, y el denominado tutela judicial efectiva.
La situación tiene que ver con el nombramiento de Alexander Xavier Quintana Ospino, como gerente del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, acto que fue demandado por Melba Luz Cortes, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Maicao, contra la alcaldía de Uribia, con la intención de permanecer en el cargo aduciendo su derecho de pre pensionada y de madre cabeza de familia.
La Juez Yeni Alexandra Loaiza Alzate, amparó el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia del alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, y dejó sin efectos lo actuado por el Juzgado aludido y ordenó la remisión inmediata de las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Uribía para que, sin más dilaciones, adelante el trámite correspondiente y resuelva de fondo lo relativo a la solicitud de amparo.
También se ordena al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación solicite a la Corte Constitucional la devolución del expediente.
Además solicitó a la Procuraduría General de la Nación, que cese los requerimientos e investigaciones adelantadas contra el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
En el cuerpo del escrito, la Juez, argumentó que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao carecía de competencia por el factor territorial para darle tramite a la acción de tutela que instauró la señora Melba Luz Cortes Bolaños contra la Alcaldía de Uribia, con radicado 44430-40-89-002-2020-00004-00, en tanto, había fenecido el periodo de vacancia judicial y, en consecuencia, debía conocer la tutela, el juez con jurisdicción en el lugar donde se presentaron las acciones u omisiones o donde se proyectaban los efectos que amenazaban o vulneraban las garantías constitucionales de la accionante, es decir, las autoridades judiciales en el Municipio de Uribia, específicamente, el Promiscuo Municipal.
El Juzgado estimó suficiente las razones reseñadas para advertir que además de la absoluta falta de competencia, saltan a la vista otras irregularidades desatadas por el Juzgado accionado que, posiblemente, pueden contraponerse de forma manifiesta al sistema jurídico y, por consiguiente, resquebrajar la función judicial y transgredir las garantías al debido proceso y defensa del accionante o terceros interesados.
