La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio al trámite de medidas cautelares que buscan proteger y preservar el Estero de San Antonio en Buenaventura, donde las comunidades del puerto denunciaron que habrían sido arrojados cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el contexto y en razón del conflicto armado.
La decisión, sobre la cual la JEP avocó conocimiento y decidió abordar como una sola actuación, responde a la solicitud que elevaron 16 organizaciones, entre ellas la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos y la organización Madres por la Vida.
Este martes, en medio de la suscripción del Pacto por la Búsqueda en Buenaventura, y de la jornada que se llevó a cabo este 11 y 12 de abril en el puerto, la JEP anunció que se activaron todas las funciones constitucionales que tiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese sentido, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas podrán participar en el estudio de la medida en el marco de sus competencias.
Entre las disposiciones adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP se ordenó convocar una audiencia reservada con los peticionarios, donde todos puedan ser escuchados. Se solicitó, además, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería municipal que faciliten la organización y participación de las víctimas.
Entre las ocho decisiones que adoptó la JEP, en el marco de estudio de las medidas cautelares del Estero de San Antonio, se decidió vincular a esta actuación a la Alcaldía de Buenaventura, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al Consorcio San Antonio, quienes tendrán 15 días hábiles para que se pronuncien. Esto, como legítimamente interesados en el curso de la investigación, ya que la comunidad ha advertido sobre un proyecto de dragado de mantenimiento, que busca mejorar la navegabilidad y que impediría la búsqueda y reconocimiento de las víctimas.
Además, la JEP les dio 10 un plazo de días a las partes para que informen sobre al menos dos hechos: 1) Si las obras de dragado en el Estero de San Antonio ya se han iniciado o se encuentran en curso o si, por el contrario, están suspendidas, indicando su causa y fecha prevista para su reanudación. 2) Qué medidas se han adoptado, o se contempla adoptar, para responder a la preocupación de las personas y organizaciones sociales solicitantes de las medidas cautelares, así como otras organizaciones ciudadanas, sociales o de derechos humanos.
Con la decisión también fueron vinculadas la Fiscalía General, Medicina Legal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo para que suministren la información de la que tengan conocimiento sobre hechos de desaparición forzada sucedidos en Buenaventura atribuibles a los actores del conflicto armado interno. Asimismo, deberán entregan los datos que tengan en su poder sobre la posible existencia de cuerpos o estructuras óseas de las víctimas en el Estero o sus alrededores.
Finalmente, la Sección compulsó copia de la solicitud de protección personal elevada por la organización Madres por la Vida, una de las asociaciones de víctimas peticionarias, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que en un término de 10 días informe todas las gestiones realizadas.
Las medidas cautelares son aquellas disposiciones judiciales para que, de manera pronta y efectiva, las autoridades competentes den respuesta para proteger los derechos a la vida, integridad y otros, frente a la vulneración real o potencial de esos derechos.
