La Corporación Caribe Afirmativo presentó su Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, correspondiente al año 2024.
Este año, el estudio lleva por título: Con permiso para despreciar, en alusión a los graves hechos de violencias por prejuicio que han impactado negativamente en las vidas de las personas sexo diversas del país.
El documento da cuenta de un panorama de graves violencias por prejuicio basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género, incluyendo homicidios, amenazas, violencia sexual, represión policial, hostigamiento digital y actos cotidianos de discriminación que se vive en Colombia, aunque presenta datos detallados por departamentos, ciudades y territorios.
El informe combina análisis cuantitativo y cualitativo y contiene un enfoque territorial que permite identificar dinámicas particulares en regiones como La Guajira, donde las condiciones de vida para las personas LGBTIQ+ son especialmente precarias y riesgosas.
Una de las novedades que presenta este informe, respecto al de años anteriores, es que se abordan los casos de violencia digital o acoso en entornos virtuales, con sus respectivas recomendaciones para revertirla.
Hallazgos en Riohacha y La Guajira
En el departamento de La Guajira, el informe documenta un incremento significativo de homicidios de personas LGBTIQ+:
- Se menciona que de un (1) caso de homicidio registrado en La Guajira en 2023 aumentó a cinco (5) en 2024. Una de estas víctimas había sido reportada como desaparecida. Este aumento sugiere un posible deterioro en las condiciones de derechos humanos en regiones donde persisten dinámicas marcadas por las dinámicas asociadas al conflicto armado.
Se ha observado un marcado patrón de violencia contra hombres gais y bisexuales asesinados en varios departamentos del país, incluyendo La Guajira, cuyos principales métodos de ejecución son: asfixia mecánica y/o uso de armas blancas. Estos casos han ocurrido, principalmente en espacios privados, como viviendas, habitaciones de hotel o residencias temporales.
- Hay registros de hechos de amenazas contra personas LGBTIQ+, como el 31 de marzo de 2024, cuando circuló un panfleto firmado por el grupo armado Conquistadores de La Guajira – Bloque Renacer, que anunciaba un “exterminio social” contra personas percibidas como LGBTIQ+ en territorios como Riohacha, Albania, Maicao y Uribia. El documento incluía expresiones abiertamente estigmatizantes y amenazas explícitas contra defensoras de derechos humanos, entre ellas una lideresa trans de la región.
- El informe también alerta sobre el fenómeno de los “desiertos estadísticos” en departamentos como La Guajira, donde a pesar de la existencia de violencia, los casos son poco denunciados por miedo, falta de confianza institucional y ausencia de rutas de atención, generando subregistro y aparente invisibilidad. Esto se traduce en exclusión en el acceso a servicios, impunidad y vulnerabilidad extrema para la población LGBTIQ+.
Recomendaciones
El informe recomienda que el Estado colombiano, en todos sus niveles, así como a medios de comunicación, Policía y la sociedad civil en general que adopten medidas urgentes para proteger a las personas LGBTIQ+ en territorios como La Guajira, incluyendo:
- Al Estado y las instituciones
Investigación y respuesta oportuna: se exige respuestas rápidas y efectivas por parte del Estado para la investigación, sanción y transformación estructural para prevenir la violencia.
Políticas públicas: se insta al Estado a adoptar medidas concretas y sostenidas para garantizar que la documentación de las violencias refleje la realidad de las personas LGBTIQ+ en Colombia, con un enfoque basado en derechos humanos, justicia social y reconocimiento de la diversidad.
Recopilación de datos: hay que mejorar los sistemas de información para incluir datos precisos sobre orientación sexual e identidad de género, lo cual es fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas.
Atención integral: se recomienda fortalecer los mecanismos de atención y denuncia, especialmente en zonas rurales o con baja presencia institucional, para superar el subregistro de casos por desconfianza o temor a represalias.
Formación y capacitación: es necesaria la formación integral a fiscales, jueces y funcionarios de justicia sobre estándares internacionales de derechos humanos, atención a víctimas de violencia sexual y prevención de la revictimización.
Presupuesto: asignar presupuestos específicos en los planes locales y nacionales para la atención y prevención de la violencia digital.
- A la Policía
Enfoque de derechos humanos: se insta a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad a abordar el problema estructural de la violencia policial contra personas LGBTIQ+, incluyendo prejuicios institucionales, perfiles discriminatorios y prácticas de hostigamiento.
Capacitación y sensibilización: es necesario que la fuerza pública reciba capacitación en diversidad sexual y de género, derechos humanos y no discriminación para evitar abusos y garantizar un trato respetuoso a las personas LGBTIQ+.
- A medios de comunicación y plataformas digitales
Medios de comunicación: se recomienda a los medios de comunicación asumir pactos éticos para frenar la difusión de discursos de odio y fomentar la cobertura respetuosa de temas LGBTIQ+.
Plataformas digitales: se exige a las plataformas digitales la implementación de protocolos efectivos contra contenidos violentos o discriminatorios hacia personas LGBTIQ+, incluyendo moderación proactiva, sistemas de alerta temprana y sanciones a cuentas reincidentes. También, se insta al Congreso de la República a establecer marcos legales que obliguen a hacer transparentes estos procesos y a colaborar con las autoridades en investigaciones.
- A la sociedad civil y la comunidad internacional
Articulación y colaboración: es importante la articulación entre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para implementar las recomendaciones y garantizar el derecho a la vida y la dignidad de todas las personas.
