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El dialogo nacional requiere mayor libertad de prensa.

Por: Fundación para la Libertad de Prensa.

La celebración del Día Mundial de Libertad de Prensa se enmarca este año en un ambiente global de retrocesos y restricciones para el ejercicio del periodismo. Durante el 2022 se registró el mayor número de periodistas asesinados en América Latina y a la fecha existen 363 periodistas encarcelados, en diferentes países del mundo, como consecuencia de las publicaciones que realizan, una cifra récord. Además, el autoritarismo que emerge y se consolida en varias regiones, particularmente en América Latina, se caracteriza por atacar a periodistas y medios de comunicación. 

El aumento de la violencia contra la prensa en Colombia ha sido sostenido desde el 2018. En el 2022 hubo 218 amenazas, la cifra más alta de los últimos quince años. Además, dos periodistas fueron asesinados, para un total de cinco en los últimos tres años. En estos primeros meses del 2023 hemos documentado 41 amenazas contra periodistas así como la profundización de la autocensura como respuesta al hostigamiento de grupos armados, como ha ocurrido en Putumayo, Nariño y Chocó. Con estas violencias ocurren múltiples heridas que fracturan la confianza de la gente y que van trazando un país con puntos ciegos.

En este escenario es fundamental el compromiso irrestricto por parte del gobierno nacional y de las autoridades que encabezan las instituciones estatales en la toma de acciones y compromisos públicos que rechacen todo tipo de violencia contra la prensa y que garanticen el pluralismo y la diversidad de voces.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha afirmado que su agenda de reformas pasa por una deliberación democrática en la que debe participar activamente la ciudadanía. Esta deliberación es fundamental en temas como la paz total, la reforma a la salud, el papel de los medios públicos, la política de drogas, entre otros. Sin embargo, esa conversación solo es posible si se aseguran las condiciones para controvertir de manera álgida y si se acepta la veeduría al gobierno y el rol activo que debe tener el periodismo. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. La trascendencia de la libertad de prensa dentro de un Estado democrático tiene que ver con la veeduría social que se lleva a cabo sobre el gobierno: los cuestionamientos y las exigencias de rendición de cuentas hacia el Estado y a sus funcionarios públicos con el objetivo de promover la responsabilidad y la mayor transparencia posible.

La FLIP ha advertido de signos de preocupación sobre la relación del actual gobierno con los medios de comunicación, particularmente sobre los muy frecuentes mensajes en Twitter de crítica a medios y periodistas que —leídos en su conjunto— posicionan al periodismo como un actor opuesto a la democracia y no como parte de esta. También resulta preocupante la actitud de algunos funcionarios de la actual administración, quienes se han negado a atender a medios de comunicación, nacionales y regionales, que tienen preguntas sobre el desarrollo de los planes de gobierno. 

No obstante, se reconocen algunos gestos del gobierno como el rechazo de las agresiones que han ocurrido en contra de algunos periodistas y medios de comunicación. También el anuncio de fondos económicos para medios comunitarios y la política que busca la promoción de medios independientes, alternativos y digitales. De todas maneras estos gestos deben ir acompañados de acciones más contundentes y el gobierno está a tiempo de avanzar en esa dirección.

Un ejemplo de ello es la idea, planteada por el mismo gobierno, de desarrollar unos protocolos sobre el manejo de las cuentas institucionales de la Presidencia. La posibilidad de crear una guía de buenas prácticas en el uso de redes por parte de las instituciones públicas en Colombia constituye una oportunidad de sentar un precedente que contribuiría al ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en un contexto en donde las garantías de estos derechos se deterioran en todo el continente.

En paralelo, la conversación pública en internet contiene desafíos que pueden erosionar la democracia. Plataformas como Twitter, Facebook/Instagram y WhatsApp están siendo usadas por distintos actores para desinformar sobre asuntos públicos y atacar periodistas. La creación de unos protocolos de Presidencia para el manejo de comunicaciones contribuiría a asegurar que sus canales de comunicación no alimenten esta erosión; y por el contrario, permitan el más amplio acceso a la información para una pluralidad de medios y comunicadores de todo el país.

Las elecciones municipales y departamentales de octubre de este año se anticipan como un escenario que será tenso para los y las periodistas quienes seguramente enfrentarán estigmatizaciones y ataques por parte de los actores involucrados en el proceso electoral. El periodo de campaña implica riesgos para la diseminación de información y la afectación del carácter libre y democrático de las elecciones. Contar con unos lineamientos para el manejo de la información institucional contribuiría a prevenir los riesgos que desde ya se observan en varias regiones del país.

La FLIP reitera su compromiso con la defensa de la libertad de prensa como una institución democrática y continuará trabajando por la seguridad y protección de periodistas así como en la promoción de acciones que permitan el fortalecimiento del pluralismo y la independencia del ecosistema mediático. 

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