A través de su red social X, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, anunció que junto a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, llevaron a cabo una exhaustiva auditoría forense a las contrataciones del Instituto.
Los resultados de la auditoría revelaron diversas irregularidades, entre las que se destacan el registro de personal en nóminas reportadas al ICBF por un monto superior al pagado a los colaboradores. Además, se identificó un incumplimiento al objeto de los contratos en cuanto al número de niños atendidos, con respecto a los cupos otorgados y pagados.
Encontraron también casos donde contratos adjudicados años atrás presentaban proyectos ejecutados en menor tiempo del establecido, evitando así el pago a proveedores, pero cobrando al Instituto como si se hubiesen cumplido en el tiempo previsto.
Además, se detectó que contratos con operadores han estado asociados a un alto número de casos de muertes de niños y niñas por desnutrición. Ante esta situación, el ICBF decidió dejar de contratar con dichas instituciones, promoviendo el control por parte de la veeduría ciudadana.
Otro hallazgo fue la presunta falsificación de documentación para soportar la experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia. Estos casos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas sanciones.
En palabras de Astrid Eliana Cáceres: «Esto es lo que le molesta a los corruptos, el cambio avanza, no vamos a tolerar la corrupción».
