En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitado por 10 años al secretario de Salud Departamental y supervisor técnico del contrato, Jarexon José Arredondo Quintero. Además, impuso una suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo al exgobernador (e) de La Guajira, Wilson Rafael Rojas Vanegas, sanción que conlleva al pago de $52´952.532.
La medida disciplinaria surge a raíz de irregularidades detectadas en el contrato de compraventa suscrito entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías EL SOL S.A.S. El contrato tenía como objetivo brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado, con una inversión pública de cerca de $3.565 millones para la adquisición de 17 ambulancias.
La Procuraduría encontró que el secretario de Salud y supervisor del contrato, de manera inconsulta y sin competencia, modificó las especificaciones técnicas de las ambulancias, generando demoras en la entrega al otorgar plazos más amplios para cumplir el objeto contractual.
La PGN confirmó que el gobernador encargado, por estar delegada la función, tenía la obligación de exigir la correcta ejecución de los recursos provenientes del SGR, también, desarrollar actividades para verificar, vigilar y controlar el cumplimiento del objeto del contrato, en este contexto, se conoció que por medio de un oficio se cambiaron las especificaciones técnicas, sin la mediación del representante legal del departamento.
La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 declaró que los investigados generaron un impacto social negativo para la población más necesitada de La Guajira y, a su vez, vulneraron los principios de legalidad, rigurosidad, respeto y seriedad en manejo de los recursos públicos que les correspondía como funcionarios.
Asimismo, calificó las conductas como gravísimas con culpa gravísima para el secretario de Salud y graves con culpa grave para el gobernador encargado. Esta decisión cobra relevancia en el contexto del seguimiento realizado por la Procuraduría, en cumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales para asegurar el derecho a la salud de la población de La Guajira, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 302 de 2017.
