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Defensor del Pueblo le pidió al ICBF y a la SuperSalud acciones urgentes para proteger a la niñez en La Guajira

 “La situación nutricional de la primera infancia en el país es una grave y constante vulneración de derechos humanos en el 2023, en especial en La Guajira. No nos podemos quedar en clamores y que los niños se sigan muriendo por desnutrición y causas asociadas, enfermedades absolutamente prevenibles, y por eso les he hecho un llamado urgente y les exigí acciones inmediatas y contundentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en realidad, se proteja a la niñez en ese departamento”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional adelanta acciones de seguimiento en la formulación e implementación de las políticas públicas dirigidas a la garantía de los derechos humanos. Por ello, envió requerimientos al ICBF y a la Supersalud con el objetivo de tener información sobre las acciones de contingencia adoptadas para detener el incremento en el número de casos de desnutrición y muertes por desnutrición que se ha visto este año.

En tan solo dos meses y medio de 2023, según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 11 del INS se registran 4.474 casos notificados de desnutrición aguda de los cuales 376 son en La Guajira. Así mismo, se reportaron 18 muertes notificadas por esta enfermedad o causas asociadas en menores de 5 años en ese departamento, el 30% del total registradas en el país. La Guajira es el departamento que presenta el mayor número de casos notificados por mortalidad y en lo corrido del año registra el 21% del total de casos notificados para el 2022.

“Solicitamos al ICBF informar cuáles son las acciones de urgencia o contigencia desarrolladas en La Guajira para detener este incremento y cuántos beneficiarios se están atendiendo a través de sus programas de prevención y atención de la desnutrición en la primera infancia”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Además, se hizo con un enfoque especial en los grupos étnicos, ya que según datos del Instituto Nacional de Salud, INS, de los 1.814 casos notificados por desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años en el 2022, el 75,7 % corresponde a población indígena.

“A la SuperSalud, en el marco de sus funciones de control, inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, le pedimos que adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, según lo establecido en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social”, agregó el Defensor del Pueblo.

La aplicación de dicha Resolución por parte de las EPS es necesaria para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad reconocida como una urgencia vital que requiere la identificación temprana e inicio de acciones oportunas desde el lugar de la identificación, asimismo se mitiguen actos incorrectas dentro de la práctica clínica.

Lastimosamente aún muchas entidades territoriales se encuentren en mora con su cumplimiento. La Defensoría ha encontrado que muchas de ellas no conocen el contenido de la Resolución, a pesar de la existencia de los lineamientos no adoptan las acciones de prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición de los niños entre 0 y 59 meses, lo cual constituye una vulneración del derecho de la niñez al desarrollo integral.

Ese desconocimiento genera barreras de acceso que repercuten en la identificación de casos, la atención oportuna de niños con desnutrición aguda y, por supuesto, hay poco seguimiento y acompañamiento que apoyen la recuperación a quienes padecen esta enfermedad.

Finalmente, Carlos Camargo Assis, aseguró que “en los documentos enviados al ICBF y a la Supersalud reiteramos las recomendaciones y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que insistimos en que es necesario un trabajo interinstitucional para frenar los casos por enfermedad y muerte por desnutrición en menores de 5 años en todo el país”.

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