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Corte Constitucional tumba decreto de subsidios para niños y madres gestantes en riesgo de desnutrición en La Guajira

La Corte Constitucional tumbó el decreto número 1272 del 31 de julio de 2023, parte del conjunto de medidas adoptadas para abordar la emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira.

Este decreto, que buscaba proporcionar transferencias monetarias a familias con niños en condiciones de desnutrición y a madres gestantes, fue cuestionado por la Sala Plena del alto tribunal. La Corte consideró que no existía una conexión suficiente entre el decreto 1272 y el decreto madre que estableció la emergencia, específicamente en lo que respecta al agravamiento de la crisis humanitaria por la escasez de agua en el departamento.

La Sala Plena optó por no otorgar un efecto diferido de un año, como se había hecho con otros decretos, y decidió revertir de inmediato las medidas propuestas. No obstante, aclaró que las transferencias monetarias ya realizadas no serán reclamadas de vuelta «por razones de seguridad jurídica y por el derecho a la confianza legítima en cabeza de sus receptores».

Dos magistrados, Natalia Ángel Cabo y Juan Carlos Cortés González, salvaron y aclararon su voto. La magistrada Ángel Cabo argumentó que sí existía una relación entre la población vulnerable y la crisis humanitaria relacionada con el agua, lo que permitiría un efecto diferido. Por su parte, el magistrado Cortés González opinó que el decreto respaldaba el acceso a derechos fundamentales como la alimentación y el mínimo vital, mereciendo un tratamiento diferido.

Esta decisión se suma a una serie de revocaciones previas de decretos en La Guajira. Desde la anulación del decreto madre que estableció la emergencia ambiental en el departamento, la Corte ha rechazado diez decretos adicionales, incluyendo medidas relacionadas con la salud, educación, transición energética, acceso al agua, agricultura y desarrollo rural.

La caída de estos decretos ya se anticipaba desde el pasado 2 de octubre, cuando la Sala Plena anuló el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, declarando el Estado de Emergencia en La Guajira y sugiriendo un efecto retroactivo para los demás decretos expedidos en ese marco.

Este revés judicial plantea desafíos significativos para el gobierno de Petro en La Guajira y destaca la necesidad de una revisión cuidadosa y fundamentada de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia declarada en la región.

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