La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, inició tres procesos de responsabilidad fiscal que en conjunto superan los $47.923 millones. Estos casos involucran presunto mal manejo de recursos en proyectos situados en los departamentos de La Guajira, Cesar y Putumayo.
En La Guajira, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con un contrato de obra para la “Construcción de aulas escolares en diferentes centros educativos del municipio de Albania”, con un monto aproximado de $8.050 millones. A pesar de múltiples prórrogas y una cesión del contrato, las obras presentan solo un 70% de avance y ninguna de las ocho sedes planificadas ha sido entregada o finalizada. Los presuntos responsables fiscales vinculados incluyen al alcalde municipal de la época y otros funcionarios de su administración.
En Cesar, el proceso de responsabilidad fiscal se deriva del Convenio Marco No. 166 de 2022, destinado a desarrollar cuatro subproyectos de vivienda en el municipio de La Jagua de Ibirico, en colaboración con la Caja de Compensación Familiar Comfacesar. La CGR detectó irregularidades en la liquidación de impuestos como el IVA y concluyó que las obras están inconclusas. Los presuntos responsables fiscales son el alcalde municipal de la época, los secretarios de Infraestructura y el director administrativo de Comfacesar.
En Putumayo, la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.927 millones, involucrando al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Se investigan presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 9677-PPAL001-532-2021, cuyo objetivo era mejorar las vías urbanas en el municipio de Mocoa, en el contexto de la Declaratoria de Calamidad Pública y el Plan de Acción Específico para el retorno a la normalidad. Los presuntos responsables incluyen al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, Fiduciaria La Previsora S.A., el Consorcio Pavimento Mocoa, y el Consorcio Interpavimentos Edupac.
Estos procesos responden a denuncias y auditorías realizadas por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, que buscan garantizar la correcta administración de los recursos públicos y sancionar posibles actos de corrupción.
