Por: Nicolás Lubo Matallana
Cada año, cuando se acerca el Carnaval de Riohacha, se repite un ritual silencioso: comparsas que ensayan sin saber si habrá recursos, gestores culturales que empeñan su tiempo —y muchas veces su propio dinero—, y comunidades que sostienen la fiesta más por terquedad afectiva que por respaldo institucional. El Carnaval sale a la calle, pero lo hace en medio de una precariedad que se ha vuelto recurrente.
Durante el período en que me desempeñé como director de Cultura se lograron avances concretos en la generación de escenarios relativamente dignos para el desarrollo de algunas actividades del Carnaval y en la conformación de un comité organizador que, en la figura que hoy conserva, podría garantizar una estructura básica de coordinación.
En ese proceso se evidenciaron con claridad las fortalezas del talento humano que gestiona y sostiene la festividad, así como los esfuerzos de fortalecimiento organizacional asumidos por varias agrupaciones de danza y música que hoy actúan como proveedores creativos del Carnaval.
Quedaron, como en todo proceso institucional, tareas pendientes relacionadas con la continuidad de alianzas, el mayor empoderamiento de los actores culturales y la gestión de recursos adicionales. No obstante, ese período dejó instalada una base creativa y organizativa sólida, así como aprendizajes que hoy constituyen un punto de partida relevante para el desarrollo futuro de la festividad.
El Carnaval no es un evento marginal ni improvisado. Es memoria viva, tejido social e identidad compartida. Es infancia que aprende bailando, barrios que se organizan, adultos mayores que transmiten saberes y jóvenes que encuentran en la comparsa un espacio de expresión. Ese valor simbólico y social convive, sin embargo, con una fragilidad persistente en los apoyos materiales y logísticos que recibe.
La programación es amplia y diversa: desfiles, cumbiambas, pilón, mojaderas, los embarradores, reinados populares y actividades comunitarias que conforman el corazón simbólico del Carnaval.
Detrás de cada una de estas expresiones subyacen interrogantes que rara vez se ponen en el centro del debate público: la disponibilidad real de recursos, las garantías para los portadores de tradición y las condiciones materiales y logísticas en las que se desarrollan las actividades.
Los apoyos institucionales suelen llegar de manera tardía, fragmentada o condicionada. En muchos casos no alcanzan a cubrir costos básicos de logística, vestuario, transporte o alimentación. Aun así, se espera calidad, organización y resultados visibles, mientras las condiciones materiales continúan siendo limitadas.
Talento hay de sobra. Basta observar los primeros eventos de este fin de semana de precarnaval para evidenciar creatividad, recursividad y una energía cultural admirable. Comparsas y artistas hacen mucho con muy poco, incluso en condiciones que ya habían sido superadas en años anteriores. Y aquí aparece una preocupación legítima: no es aceptable involucionar en aspectos básicos de dignidad técnica y logística que ya se habían alcanzado.
Por el escaso respaldo, estos eventos no logran proyectarse ampliamente hacia la comunidad ni consolidarse como encuentros masivos. La ausencia de tarimas adecuadas, producción técnica digna y una programación musical sólida limita su capacidad de convocatoria y debilita la proyección que el Carnaval debería tener.
En este contexto resulta inevitable la comparación con el Carnaval de Barranquilla, que se realiza en fechas similares y concentra la mayor cuota de visitantes del Caribe colombiano. No como reproche ni como competencia directa, sino como evidencia de lo que una fiesta popular puede lograr cuando es asumida con visión estratégica, planificación y respaldo institucional sostenido. Barranquilla entendió hace tiempo que su Carnaval no es solo celebración local, sino plataforma cultural, turística y económica.
El Carnaval, además, no está exento de tensiones culturales. Existen manifestaciones religiosas que lo señalan como rito pagano o satánico, desconociendo su dimensión histórica, social y patrimonial.
Sin embargo, estos discursos terminan ganando terreno cuando la organización es precaria y la convocatoria débil, pues la falta de presencia masiva deja el espacio libre para la deslegitimación simbólica de una manifestación patrimonial. Sin ánimo de ofender, resulta sintomático que, en esta época electoral, convoque más la inauguración de un comando de campaña que las propias festividades carnestoléndicas.
No resulta menor que la tradición de los embarradores se vea afectada cuando el espacio donde históricamente se prepara el barro se encuentra contaminado por aguas servidas y basuras, producto de deficiencias en la gestión de aseo y acueducto.
Tampoco pasa desapercibido que la reina central dependa casi exclusivamente del respaldo económico de su familia para cumplir un papel acorde con la relevancia simbólica que se le asigna, o que las cumbiamberas homenajeadas este año no cuenten aún con recursos suficientes para desarrollar su actividad.
Siempre inflamos el pecho diciendo que tenemos “el carnaval más antiguo de América” —afirmación que podría ser cierta— o que los embarradores de la ciudad son únicos en el mundo. Y probablemente lo sean. Pero esos relatos pierden fuerza cuando el nivel de organización no está a la altura de lo que se proclama, no por el trabajo de las organizaciones culturales, sino por la fragilidad del respaldo institucional que debería acompañarlas.
Conviene también recordar que los recursos existen. Por acuerdo distrital, al menos el 12 % del recaudo de la Estampilla Procultura debe destinarse al desarrollo de las actividades del Carnaval, lo que hoy equivale a cerca de 350 millones de pesos, sumando el recaudo de la vigencia actual y los recursos de balance. A ello se sumarían los recursos propios que razonablemente deberían invertirse, considerando el impacto económico que genera la festividad.
La articulación entre empresa, gobierno, sociedad civil e incluso academia resulta clave para una celebración de esta magnitud. Esa articulación, sin embargo, requiere liderazgo político, coordinación efectiva y una comprensión del Carnaval como algo más que un evento anual.
El Carnaval continúa realizándose gracias al compromiso de sus portadores, gestores y comunidades. Pero cuando una tradición depende de manera reiterada del sacrificio de quienes la sostienen, el problema deja de ser cultural y se vuelve institucional.
Si el Carnaval ha de ser asumido como un verdadero pilar cultural del territorio, el debate no puede seguir girando alrededor de la improvisación ni del esfuerzo heroico de unos pocos. La discusión de fondo pasa por la decisión de concebirlo como una estrategia cultural, social y económica, con planificación, inversión y visión de largo plazo. Porque una fiesta que resiste sin respaldo no es una fortaleza: es una señal de alerta.
