Se impone la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por: Betty Martínez Fajardo.
Un video que circuló en redes sociales, donde la protagonista es la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, manifestando su decisión de aspirar nuevamente a la alcaldía del municipio de Albania prendió las alertas sobre precandidatos que podrían estar inhabilitados y que ponen en riesgo la institucionalidad del departamento.
Sin embargo, es claro que, si la persona no tiene una decisión penal en firme, ejecutoriada y en esa sentencia se registre la inhabilidad puede perfectamente aspirar porque se impone el debido proceso.
La situación es entonces bastante compleja porque en el caso de la exgobernadora aun cuenta con un electorado que la siguen y muy seguramente la estarían apoyando.
“Así como todos los sectores políticos están recogiendo su gente hoy, nosotros estamos recogiendo la gente de nosotros, entonces por eso estoy yo aquí para decirles que estamos de manera decisiva hoy buscando la oportunidad de llevar un proyecto político a la alcaldía de Albania”, dijo.
Se debe recordar que la exmandataria aún es investigada, y mantiene un proceso activo en su contra por irregularidades en contratación.
Además, la Procuraduría General de la Nación, el pasado 24 de mayo de 2022, en fallo de primera instancia la sancionó con destitución e inhabilidad general por el termino de diez años al comprobársele irregularidades en un contrato por $ 20.453.932.366, para la implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC, para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira.
Así como el caso de la exgobernadora Oneida Pinto, se conoce que por ejemplo en el municipio de Uribia se ventila la posibilidad de que la exalcaldesa Cielo Redondo, aspire a ocupar el primer cargo público de ese municipio, a quien el pasado 12 de diciembre del 2021 la Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 053 de 2010 que tenía como objetivo el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuu afectada por la temporada de lluvias.
En Riohacha, por ejemplo, el exalcalde Juan Carlos Suaza, empezó a recoger firmas para volver a aspirar, pero recientemente la Procuraduría General lo vinculó a una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de acueducto.
“Me estoy defendiendo, y voy a demostrar que actúe como correspondía, y no me encuentro inhabilitado para aspirar”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.
También llama la atención las aspiraciones de Samuel Santander Lopesierra, a la alcaldía de Maicao, quien no está inhabilitado, pero fue extraditado a los Estados Unidos acusado de los delitos de narcotráfico y conspiración en donde pagó una condena de 20 años.
Reacciones.
El abogado Álvaro Alario Montero, explicó que aparentemente el tema puede ser fácil desde el punto de vista legal porque Colombia es un estado de derecho, y hay un principio que es reconocido universalmente y hace parte del núcleo esencial del debido proceso que se llama la presunción de inocencia.
Puntualizo, que en Colombia una persona puede tener diez o más investigaciones pero mientras no exista una decisión administrativa como en el caso de la Procuraduría o una judicial en el tema de los jueces penales la presunción de inocencia se mantiene incólume porque es al Estado al que le corresponde mediante al trámite del proceso administrativo o judicial declarar bien sea la responsabilidad disciplinaria o penal de esa persona e inhabilitarla, y es la sanción que se impone como consecuencia de una principal.
Recordó, que cuando se trata de condenas penales la ley 617 del 2000, establece que no puede aspirar a ser candidato ni ser elegido la persona que en cualquier momento haya sido condenado a la pena privativa de la libertad por delitos dolosos, salvo los culposos.
En el tema de la Procuraduría la situación es mas compleja porque a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se indica que el ente de control no puede imponer la sanción de inhabilidad porque le corresponde a un juez en virtud del artículo 23 de la convención Americana de Derechos Humanos.
“La persona a la que la Procuraduría mediante el certificado especial de antecedentes diga que no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos puede ejercer, otra cosa es que los partidos políticos a través del filtro de la moralidad y de la ética decidida no otorgarle aval a las personas que tienen investigaciones disciplinarias o penales vigentes”, preciso.
Sobre las personas que han sido condenadas en el exterior, y en el caso de la justicia norteamericana el país tiene un gran problema y es que no se cuenta con un tratado de extradición vigente.
Agregó, que no existe la figura del exequatur o sea la incorporación a la legislación colombiana de las sentencias penales dictadas por jueces penales de países extranjeros como si sucede en el caso civil como por ejemplo con el divorcio.
“La persona condenada por ejemplo en los Estados Unidos, esas sentencias en Colombia no tienen efectos para los fines de inhabilidad y por lo tanto la persona perfectamente puede ser candidato”, agrego.
Reacciones.
Para el politólogo Brandon Beto, Los ciudadanos que están siendo vinculados a procesos de investigación o inhabilitados representan una fuerte amenaza a la ya débil institucionalidad del departamento, además, es pertinente decir que todo eso termina repercutiendo en un impacto social y económico en la ciudadanía.
Agregó, que no se puede jugar con el votante que en gran parte desconoce de las reglas de nuestro sistema legal.
“Esas personas deben reflexionar sus intenciones y pensar en el bienestar de sus coterráneos”, manifestó.
En tanto, el abogado Luís Antonio Gómez Peñalver, considera que los aspirantes a Corporaciones Pública a través del voto popular que tengan investigaciones penales o disciplinarias deben ser responsables, y lo prudente es no arriesgarse porque estaría dejando a un pueblo en una inestabilidad administrativa.
“Se deja la administración a medias porque entonces se preocupan más por resolver sus problemas jurídicos que gobernar, y eso nos ha pasado ya y el elector en La Guajira ha entendido que eso no trae buenos resultados, entonces cual es el afán de seguir en lo mismo si la experiencia nos indica que no debemos hacerlo”, dijo.
La politológa, Margarita Crespo Habib, precisó «que quien aspira a un cargo público se supone tiene la intención de ser útil, ese es el verdadero sentido de la función pública, pero cuando vemos a ciertos personajes con investigaciones a cuesta y sin definir su situación legal relacionada con malos manejos de la cosa pública, sencillamente está en manos de los electores ponerles el freno a quienes no tienen escrúpulos para seguir robando las esperanzas de bienestar del pueblo».
Puntualizó, que lamentablemente el sistema normativo aún no es lo suficientemente riguroso para evitar las postulaciones de cuestionadas candidaturas, por eso es fundamental el papel del electorado y de la ciudadanía en general, porque quienes desde sus aspiraciones inician infringiendo la norma, no tendrán el mínimo reparo de seguir haciéndolo cuando tengan el poder.
