En la sede del Comando de Policía de La Guajira, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, cumple con una orden de arresto administrativo por desacato emanado del Juzgado Tercero con funciones de Control de Garantías.
La accón de desacato fue impetrada por la señora Idania Rodríguez Mindiola, quien reclama la restitución de un predio de su propiedad en donde se encuentran asentadas más de 400 familias wayuu y migrantes.
En ese mismo sentido, se informó que la orden de desalojo ordenada por el Juzgado Tercero Penal, se cumplirá este miercoles 7 de mayo , para devolverle el predio que reclama Rodríguez Mindiola.
Mientras, el alcalde Genaro Redondo Choles, cumple con la acción judicial, se encuentra encargado del despacho, el secretario de Obras Públicas, Jaime Bruges.
Cabe recordar que esta situación viene del año 2018, cuando la señora Rodríguez Mindiola, presentó querella por perturbación a la posesión sobre el predio denominado Las Cabeceras ubicado en el paraje la Laguna zona rural de Riohacha.
A partir de ese momento se inició todo el proceso legal para atender la reclamación de la dueña del predio, mientras la organización Sumaain Wayuu también reclamaba derecho sobre la propiedad.
Igualmente, la situación fue analizada en el puesto de mando unificado, en donde convergen varias instituciones como la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, en busca de una salida humanitaria por parte de la administración distrital.
Por ello, la Defensoría del Pueblo, interpuso ante el Tribunal Superior del Distrito, una acción de tutela el pasado 31 de marzo de 2025 que fue admitida en la cual se suspendía cualquier medida de desalojo contra los habitantes del predio en litigio.
En ese mismo sentido, el Tribunal el 11 de abril de 2025, negó la acción de tutela, instaurada por el defensor del Pueblo, Juan Camilo Morales Salazar, y Carlos José Uriana, en calidad de autoridad tradicional de la comunidad indígena Sumaain Wayuu. La tutela fue impugnada y admitida el pasado 28 de abril.
Al tiempo el dos de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Penal con funciones de control de garantías ratifica la sanción por desacato y ordena a la Policía Nacional hacer cumplir la orden.
